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BOLETÍN DE PRENSA 5 DE JULIO DE 2011

 

 

EL TIEMPO

 

PROCURADOR ALEJANDRO ORDÓÑEZ URGE POR REFORMA REAL DE LA SALUD

 

La Procuraduría dice que el exceso de intermediarios en el Sistema incide en la mala atención y en la carga de trámites que deben hacer los usuarios.

Afirma que hay falta de voluntad política para reformar un modelo que desconoce derechos humanos.

En un informe a la Corte Constitucional, el procurador Alejandro Ordóñez acaba de hacer un crítico diagnóstico del sistema de salud en Colombia.

El documento tiene 14 páginas y se refiere al cumplimiento de las órdenes que dio hace tres años la Corte para que se garantice ese derecho fundamental para todos los colombianos, empezando por la actualización del Plan Obligatorio de Salud, POS.

¿El balance de la Procuraduría? "No hay políticas públicas en salud que materialicen ese derecho. (...) (Las reformas) solo se reducen a los aspectos superficiales y no se ha revisado el modelo de fondo".

Esta situación, agrega el informe, se refleja en la mala calidad o la negación del servicio, el traslado de cargas burocráticas al usuario y en que el concepto de los médicos no se tenga en cuenta en los casos de enfermedades catastróficas por meras razones económicas, además de la corrupción que desangra el sistema. Y remata diciendo que "faltan voluntad política y liderazgo para revisar y generar un nuevo modelo de salud" en el país.

Ese nuevo esquema, señala el Ministerio Público, debe partir de una corrección de "fallas estructurales", empezando por que el sistema "está soportado sobre su eficiencia económica y deja de lado los derechos humanos de las personas".

Entre las medidas urgentes, dice el documento que este jueves se presentará en una audiencia pública en la Corte Constitucional, está reducir el número de intermediarios que encarecen los servicios de salud y crean barreras para la atención de los pacientes. Y también plantea una especie de pacto anticorrupción suscrito por los actores públicos y privados del sistema.

El incumplimiento de las órdenes de la Corte llevó a la Procuraduría a abrir procesos contra los responsables de la salud en el pasado gobierno, entre ellos, el Ministerio de la Protección Social.

También hay funcionarios de 35 Entidades Promotoras de Salud (EPS), 128 alcaldes y gobernadores y las administraciones de 51 hospitales bajo la lupa, por no prestar la atención debida a los usuarios o por corrupción en el manejo de los recursos.

En sus conclusiones, el Ministerio Público dice que prácticamente todos los actores del sistema han incumplido las órdenes de la Corte.

Esto porque desconocen tutelas, evaden el pago de procedimientos médicos, han negado tratamientos, hospitalizaciones y medicamentos a usuarios que tenían el derecho, han omitido entregar información, no han ejercido la vigilancia y algunos se han apropiado de manera indebida de recursos públicos, como quedó demostrado con el último escándalo del sector, que tiene en la cárcel a varios ex funcionarios del Minprotección y de algunas EPS.

 

Lo que se ordenó en la tutela T-760 del 2008

 

Las órdenes de la Corte eran: actualizar y unificar los planes de salud, fortalecer la sostenibilidad y el flujo de recursos públicos, crear una carta de derechos y deberes del paciente y extender la cobertura del sistema y hacerla universal.

La Procuraduría dice que las autoridades del sector desatendieron los controles a los que estaban obligadas. Es el caso de varias EPS, que, en calidad de administradoras privadas de dineros del erario y en ejercicio de funciones públicas, han incumplido, entre otras obligaciones, atender a pacientes a pesar de tutelas, han dejado de pagar a hospitales y centros de salud por los servicios prestados y habrían desviado plata de todos los colombianos.

 

Cinco derechos que EPS siguen desconociendo

 

La negativa de varias EPS a suministrar la atención debida a sus pacientes llevó a la Corte Constitucional a recoger en una tutela cinco de los casos más comunes de violación de los derechos de la salud en este momento.

El alto tribunal analizó la situación de un discapacitado con problemas mentales al que La Nueva EPS le retiró la atención por la muerte de su padre, quien lo tenía afiliado. Asmet Salud no dio pañales a un anciano paralizado, y Cafesalud, Salud Total y Ecoopsos negaron el transporte y la posibilidad de tener en centros especiales a dos niños de 8 y 12 años que padecen de parálisis cerebral de nacimiento.

En la decisión, les da 48 horas a las entidades para que cumplan la jurisprudencia emitida y den prioridad a la atención de discapacitados, niños y ancianos y que no eludan el servicio integral de pacientes, el transporte, enfermera en sus hogares, la entrega de medicamentos y la práctica de tratamientos, así no estén incluidos en el plan obligatorio de salud (POS).

"Cuando una EPS niega el servicio de salud a una persona irrespeta su derecho, puesto que crea una barrera para acceder a ellos", enfatiza la sentencia.

 

Quiénes pasan al tablero

Los que le deberán darle explicaciones a la corte

 

En la audiencia de este jueves estarán los ministros de Hacienda, Juan C. Echeverri, y de Protección, Mauricio Santamaría; el director de la Comisión de Regulación en Salud (Cres); el supersalud, Conrado Gómez; el procurador, Alejandro Ordóñez; la contralora, Sandra Morelli; la fiscal, Viviane Morales, y representantes de instituciones científicas y académicas.

 

LO QUE LAS REFORMAS LE CAMBIARON A LA CARTA

 

El ex presidente Uribe impulsó la reforma de su reelección.

En 20 años, la Constitución ha tenido 34 cambios.

1. Sí a la extradición: la Carta del 91 prohibió la extradición. Sin embargo, en 1997, durante la administración de Ernesto Samper, se modificó el artículo 35 para revivirla.

 

2. Vía libre a reelección presidencial: en el 2004, el Congreso aprobó a través de un acto legislativo la reelección presidencial inmediata. Algunos creen que esta enmienda es la más dura contrarreforma que se ha hecho a la Carta de 1991, pues toca su esencia.

 

3. La Reforma Política del 2003: se aprobó que el Estado contribuirá a la financiación de los partidos, y que habrá sanciones como pérdida de investidura a quienes violen los topes de financiación.

 

4. La Reforma Política del 2009: Consagró, entre otros puntos, la figura de 'la silla vacía'. Esto significa que el partido perderá la curul del congresista cuando se haya iniciado investigación judicial formal por delitos relacionados con nexos con grupos armados ilegales.

 

5. Colombia reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI): Desde el 2001, el país se acogió a la CPI. Las normas contenidas en el Estatuto de Roma, que dio creación a la CPI, surten efecto sólo cuando la justicia colombia- na no haya operado, y se deba acudir a ese tribunal.

 

Testimonios ciudadanos

 

Federico Collazos

Gracias a la tutela, hoy tiene trabajo.

 

Un asma bronquial severa, que una ARP catalogó como común, fue la causa para que Federico Collazos, un ingeniero químico de 46 años, perdiera en junio del 2006 su trabajo. Sin embargo, varios conceptos médicos de la época indicaban que su enfermedad era causada por motivos laborales, por lo que decidió acudir a la tutela.

"Valió la pena porque se me restituyeron todas las condiciones laborales y médicas en un tiempo realmente muy corto", dice hoy desde su cargo.

 

Juan Carlos Muñoz

Logró la pensión de su compañero.

 

Juan Carlos Muñoz, de 41 años, vio morir a su novio el 10 de febrero del 2008, otro hombre con quien convivió durante 12 años continuos. La empresa en la que trabajaba su pareja le negó la pensión de sobrevivencia por no estar registrado ante una notaría como compañero permanente, por lo que decidió recurrir a una tutela. "Este recurso me dio la posibilidad de adquirir derechos que ante la sociedad no están aceptados: logré la pensión de sobrevivencia de mi compañero".

 

Edith Giraldo

Ama de casa de 53 años de edad.

 

A sus 53 años le diagnosticaron cáncer de seno, por lo cual una EPS le ordenó a Edith Giraldo realizarse la mastectomía. El problema llegó cuando le informaron que la reconstrucción no estaba incluida en el plan obligatorio de salud, porque, según la entidad, era un procedimiento estético. Esta ama de casa acudió a recursos judiciales y hoy cuenta que "una vez la tutela fue a mi favor, autorizaron el procedimiento y, gracias a eso, me hicieron la cirugía y tengo tratamiento".

 

LOS DETALLES OCULTOS DE LA CONSTITUYENTE

 

No toda la deliberación de la Constituyente se dio en el recinto asignado para ella. El presidente César Gaviria y Álvaro Gómez charlan animadamente durante un receso.

Algunos apuntes de hechos particulares que rodearon el trabajo de los constituyentes.

Las mofas iniciales a los trajes de Lorenzo Muelas, la 'descrestada' de Otty Patiño a los militares, la zambra por el monopolio de los licores y la búsqueda de Eduardo Verano en un baño hacen parte de los recuerdos de algunos constituyentes sobre su trabajo en 1991.

Fueron más de cinco meses en los que estas 74 personas, además de los delegados del Gobierno, compartieron trabajo, líos y alegrías, pero no todo trascendió en su momento.

El ex magistrado Manuel José Cepeda, quien entonces era asesor del Gobierno, recordó que, la tarde en la que fueron convocados a la Casa de Nariño todos los jefes de partido para firmar el acuerdo político que daba vida a la Constituyente, el representante del M-19, Camilo González, les dijo que no firmarían hasta que se aprobara que la elección de los constituyentes se haría a través de un tarjetón en el que estuvieran todos los candidatos.

Los asistentes a Palacio quedaron impávidos con la propuesta, pero tras varias horas de diálogo tanto el Gobierno como los jefes políticos aceptaron que se utilizara el tarjetón para la elección. Todos firmaron.

 

Humberto de la Calle, entonces ministro de Gobierno, recordó que días antes de instalarse la Constituyente, el liberalismo reclamó la presidencia única, alegando que tenía el mayor número de delegatarios. Ante esto, el M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional hablaron de una presidencia dual. Pero para evitar echarse encima al liberalismo, plantearon una presidencia tripartita.

"A principios de febrero hubo un coctel en Casa de Nariño y los liberales alborotados le dijeron a Gaviria que la fórmula compartida era inaceptable. Gaviria les respondió: 'No seamos pendejos. O aceptamos o vamos a quedar por fuera' ".

Por su parte, el indígena guambiano Lorenzo Muelas recuerda que cuando llegó con su atuendo típico (falda y sombrero), fue objeto de algunas burlas en los pasillos. "Me decían que no usara el sombrero, que me vistiera de paño", recuerda. Pero con el paso de los días se convirtió en una de las figuras de la Constituyente y su atuendo fue símbolo de respeto.

Antonio Galán contó que la jornada más tensa fue el día que se votó la extradición. "Había mucha presión", dijo, mientras recordó que solo él y otras cuatro personas se atrevieron a hacer público su voto.

La intervención de Gabriel García Márquez en la Constituyente es poco conocida, pero por petición suya, el Gobierno le enviaba copias de los borradores del proyecto. No solo se interesó en la redacción, sino que expuso sus juicios en notas manuscritas al pie de los documentos.

Es así como, al ver la propuesta de Preámbulo y enfrentar la discusión sobre la mención de Dios en el mismo, García Márquez propuso que se dijera que la Constitución se expedía "en nombre de todos los Dioses de Colombia". Esto fue acogido por los grupos indígenas.

Juan Carlos Esguerra se refirió a un desayuno al que fueron invitados por la cúpula militar para hablar del servicio militar, pues temían que fuera abolido debido a la fuerte presencia que tenía el M-19 en la Constituyente.

La sorpresa fue grande cuando Otty Patiño (del M-19) pidió mantenerlo. Sorprendido, el ministro de Defensa, general Óscar Botero, le preguntó que por qué. Patiño respondió que creía en ese deber porque él lo había prestado, "pero por fuera de las instituciones", donde es más duro.

Jaime Castro aún no olvida la tarde en la que el entonces copresidente Álvaro Gómez Hurtado tuvo que levantar una sesión debido a la zambra que se presentó. Se discutía sobre el monopolio de licores y loterías departamentales y cuando se fue a votar hubo gritos y las rechiflas de las barras.

"Al ver esto (Gómez), no tuvo otro remedio que levantar la sesión y convocar para el otro día, con el anuncio de que no se permitiría el acceso a la barras", contó Castro.

El ex constituyente Gustavo Zafra recordó que el hoy gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien lideró el tema de las regiones para el país, no estaba en el recinto al momento de votar ese tema y su voto era decisivo. Estaba en el baño. Varios constituyentes tuvieron que ir a traerlo para que votara.

 

Mitos sobre la Carta Política

 

Durante estos veinte años se han tejido alrededor de la Constitución 'mitos' sobre su proceso de redacción y también sobre la esencia de su contenido.

Uno de ellos es que el narcotráfico fue determinante en decisiones crucia- les que tomó la Asamblea Constituyente. "Esa es la mentira más grande", afirmó Armando Novoa, director de la Fundación Plural. "Todos los poderes fácticos y económicos estuvieron haciendo lobby en la Constituyente. Pero decir que alguno de esos poderes, incluido el narcotráfico, compró la Constituyente y su independencia, no fue cierto", agregó. Por otra parte, el debate sobre la dimensión que a la figura presidencial se le dio en la Carta ha permanecido vigente. En los años posteriores a su promulgación se argumentó que el poder presidencial se había debilitado. El ex presidente César Gaviria se refirió hace poco al tema: "Cuando el presidente Uribe llegó a gobernar, y gobernó como gobernó, se demostró que no era así. Llegué a la conclusión de que le dejamos demasiado poder al Presidente y no poquito".

 

Los protagonistas

 

Un total de 74 colombianos tuvo la Asamblea Nacional Constituyente. De estos, cuatro (Jaime Fajardo, Valentín González, Darío Mejía y Alfonso Peña) fueron delegatarios con voz, pero sin voto. Algunos de los constituyentes se han mantenido en el servicio público; otros han fallecido (19), y otros se han dedicado al descanso. Estos fueron los Constituyentes.

 

Angelino Garzón

Vicepresidente de la República

Fue Ministro de Trabajo, Gobernador del Valle y Embajador ante la ONU en Ginebra (Suiza).

 

Horacio Serpa

Gobernador de Santander

Fue Ministro del Interior, candidato a la Presidencia en 1998 y 2002, y Embajador en la OEA.

 

Antonio Navarro

Gobernador de Nariño

Fue candidato presidencial en 1994, Alcalde de Pasto, Representante a la Cámara y Senador.

 

Eduardo Verano

Gobernador del Atlántico

Fue Ministro del Medio Ambiente. Como gobernador, lideró el llamado 'voto caribe'.

 

Carlos Rodado

Ministro de Minas y Energía

Fue presidente de Ecopetrol, Gobernador del Atlántico y Embajador de Colombia en España.

 

Jaime Castro

Ex alcalde de Bogotá

Fue Alcalde de Bogotá en 1992, candidato al Senado y precandidato a la Gobernación de Boyacá.

 

Los demás

 

Aída Abella. Carlos Abello. Jaime Arias. Jaime Benítez (fallecido). Álvaro Cala. Eduardo Espinosa. María M. Carranza (fallecida). Fernando Carrillo. Tulio Cuevas (fallecido). Marcos Chalita (falleci- do). Álvaro Echeverri. Raimundo Emiliani (fallecido). Juan Esguerra. Orlando F. Borda (fallecido). Juan B. Fernández. Antonio Galán. María Garcés. Carlos Giraldo. Álvaro Gómez (fallecido). Juan Gómez. Guillermo Guerrero. Helena Herrán. Hernando Herrera. Armando Holguín. Óscar Hoyos (fallecido). Carlos Lemos (fallecido). Álvaro Leyva. Hernando Londoño. Carlos Lleras de la Fuente. Rodrigo Lloreda (fallecido). Rodrigo Llorente. Iván Marulanda. Arturo Mejía (fallecido). Ignacio Molina (fallecido). Lorenzo Muelas. Luis G. Nieto. Jaime Ortiz. Mariano Ospina Hernández. Carlos Ossa. Rosemberg Pabón. Alfonso Palacio (fallecido). Otty Patiño. Jesús Pérez. Guillermo Perry. Héctor Pineda. Guillermo Plazas. Augusto Ramírez Cardona. Augusto Ramírez Ocampo (fallecido). Cornelio Reyes (fallecido). Abel Rodríguez. Francisco Rojas. Germán Rojas (fallecido). Julio Salgado (fallecido). Miguel Santamaría. Germán Toro. Carlos Holmes. Diego Uribe. Alfredo Vásquez Carrizosa (fallecido). José M. Velasco (fallecido). Jesús Villa. Hernando Yepes. Antonio Yepes. Gustavo Zafra. Alberto Zalamea.

 

NUEVA CARTA Y CAMBIO POLÍTICO

 

Uno de los aspectos poco explorados en estos veinte años de la Constitución es su impacto en los procesos de cambio institucional en América Latina.

 

La Constitución fue resultado, entre varios acontecimientos, de la dejación de armas de varios grupos insurgentes. Esa decisión fracturó los paradigmas que inspiraban buena parte de los movimientos de la izquierda tradicional.

Bajo el aliento de la revolución sandinista, vanguardias de izquierda mantuvieron la esperanza de alcanzar el poder por la vía armada.

La crisis del socialismo en Europa del Este, el repudio por la espiral de violencia en los 80, la irrupción violenta del narcotráfico y los intentos de negociación con las guerrillas en el gobierno de Belisario Betancur abrieron caminos a la búsqueda de la paz.

Se consideró entonces el abandono de la vía armada. El asesinato de Carlos Pizarro, el inspirador de la herejía, no detuvo la decisión. Esa opción, incomprendida por algunos y descalificada por quienes persistieron en la vía de las armas, contribuyó en forma decisiva a la expedición de la Carta del 91.

Por supuesto, hay varios rasgos que diferencian el proceso colombiano de lo ocurrido en la región andina. En nuestro caso, el mandatario que propició el acuerdo no buscó su reelección inmediata. En Venezuela, Bolivia y Ecuador, la continuidad del proyecto constituyente está en manos de sus presidentes.

 

Armando Novoa García

Director de Plural

 

CÓMO SE BENEFICIARON LAS MINORÍAS EN EL PAÍS CON LA NUEVA CONSTITUCIÓN

 

La Carta del 91 cambió el concepto de que los indígenas eran menores de edad, como rezaba en la Constitución de 1986.

Uno de sus principales logros es el reconocimiento de la pluralidad étnica y religiosa.

'Ahora hay libertad de cultos'

Darío Silva es un pastor cristiano que dirige la iglesia Casa sobre la Roca, desde la cual asesora espiritualmente a personajes de la vida nacional, como la fiscal General, Viviane Morales.

Para él, la Constitución del 91 "fue un salto en garrocha que dio el país en materia de libertades de conciencia y de culto".

"A partir de la Constitución del 91 se consagraron las libertades de conciencia y de culto, que fue un avance tremendo en la vida nacional. Por ejemplo, las congregaciones de carácter protestante y evangélico pudieron salir a la luz, porque prácticamente se encontraban en las catacumbas, como en la época del Imperio Romano", dijo.

Sin embargo, Silva considera que al Ejecutivo le hace falta garantizar los derechos de libertad de culto que consagra la Constitución.

"Nosotros necesitamos un interlocutor con el Gobierno. Podría ser una alta consejería presidencial o, si no, dentro del Ministerio del Interior una división o dirección de asuntos religiosos, que entienda el fenómeno de la pluralidad", aseguró Silva, quien dice que se debe celebrar que "ahora Colombia es plural".

 

'Reconocen nuestra autoridad'

 

Marcos Avirama ostenta una de las dos curules que tienen las comunidades indígenas en el Senado. Desde allí señaló que uno de los grandes triunfos de la Constitución es el reconocimiento de sus territorios y sus autoridades. "El derecho a la participación electoral también ha sido importante, porque en los departamentos los cabildos pueden conformar listas a concejos, asambleas y tener candidaturas a las alcaldías", dijo.

 

'Ganamos en dignidad e igualdad'

 

La comunidad LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) se declaró favorecida por los derechos que le reconoce la Constitución.

 

Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, aseguró que se ganó "en dignidad, igualdad y libertad. Se inició el reconocimiento de nuestra ciudadanía, porque antes no éramos aptos ni siquiera para desempeñar un oficio, incluso legalmente. Se ganó legitimidad socialmente, empezamos a ser bienvenidos a un concepto de ciudadanía más amplia".

 

'Tenemos derechos sobre nuestro cuerpo'

 

Las mujeres también salieron victoriosas con el reconocimiento de varios de sus derechos en la Constitución Política que se promulgó hace 20 años.

Por lo menos así lo aseguró Mónica Roa, directora para Colombia de Woman's Worldwide, quien señaló que gracias a la Constitución se reconoció que "tenemos derechos sobre nuestro cuerpo". Roa explicó que la Corte Constitucional se ha abanderado de los derechos de las mujeres, y así lo evidencia en varios de sus fallos.

"El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en tres circunstancias; el derecho de las trabajadoras sexuales a tener seguridad social; el derecho a una atención especial a las mujeres en situación de desplazamiento, y la protección de la maternidad", dice Roa, son tan solo algunos de los reconocimientos que les ha hecho el alto tribunal a las mujeres.

 

'Nos incluyeron en Colombia'

 

Tal vez uno de los mayores logros de la Constitución, en términos de pluralidad, fue el reconocimiento de que en Colombia existen etnias y grupos sociales que merecen protección por parte del Estado.

Daniel Mera, director de la Fundación Color de Colombia, aseguró que gracias a la Carta Política se logró el reconocimiento de que en Colombia sí hay una población negra.

"El cambio más importante fue la inclusión simbólica de la población negra en la nación colombiana, al reconocer en la Constitución la diversidad ética y cultural del país", dijo el líder afro.

Mera destacó que "a las comunidades rurales, especialmente de las riberas de los ríos de la cuenca del Pacífico, se les reconocieron sus derechos territoriales y culturales".

 

LA CONSTITUCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

 

El 4 de julio de 1991, el entonces presidente, César Gaviria, firmó la promulgación de la Carta Magna.

La carta de 1991 propugna una vida digna del ser humano y ordena al Estado garantizarla.

Esto gracias a que el Estado Social de Derecho es consagrado como columna vertebral en actual Constitución.

La Constitución Política de 1991 sentó las bases de un nuevo país en muchos aspectos. El principal: la defensa de los derechos del ciudadano.

La Carta ha significado para la defensa de los derechos fundamentales un salto gigantesco. De décadas. De hecho, se la reconoce como "la Constitución de los derechos".

Se trata de una de las constituciones más vanguardistas del mundo en ese sentido.

No solo se consagraron a nivel constitucional, sino que se crearon herramientas para garantizar su efectividad.

La tutela es hoy el mandato constitucional más expedito utilizado por los colombianos para defender sus derechos. Está al alcance de cualquier ciudadano.

La Constitución de 1991 es también la norma que más ha propugnado la igualdad entre los colombianos: ordena al Estado "promover las condiciones" para que esta sea "real y efectiva".

Igualmente, establece que el Estado debe "adoptar medidas en favor de grupos marginados o discriminados".

Es este el significado del Estado Social de Derecho, del que habla el primer artículo de la Carta. Un Estado cuyo compromiso fundamental es garantizar los derechos esenciales de los gobernados para lograr una vida digna y participar como miembro pleno de la sociedad.

 

La Constitución de 1991 se ocupó de manera expresa de garantizar esa igualdad a grupos sociales tradicionalmente marginados, como los indígenas y los afrodescendientes. Reconoció la igualdad de cultos y la diversidad sexual y reforzó el papel de la mujer en la sociedad.

En desarrollo de este mandato, los constituyentes le asignaron al Estado la obligación de intervenir para "dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos".

También se introdujeron mejoras sustanciales en el sistema democrático, imperfecto todavía en el mundo entero. Se profundizó la separación entre los poderes públicos, con énfasis, eso sí, en su armonía, y se crearon instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la junta directiva del Banco de la República (con su independencia en el manejo monetario), lo mismo que las acciones populares, otra llave poderosa en poder de los ciudadanos.

Por primera vez, tal vez en razón del consenso político que la dio a luz, o por su juventud, la Constitución Política del 91 es vista por los colombianos como una entidad viva, capaz de determinar asuntos vitales de los ciudadanos.

No es un texto frío, un libro empolvado y olvidado en los anaqueles, sino una que es entendida por la sociedad toda como un punto de encuentro, un recurso garantista, un árbitro entre los diversos.

La conmemoración de los 20 años de su existencia ha llevado a diversos sectores políticos y sociales a salir en su defensa.

Pocas voces se han levantado para cuestionar la conveniencia de algunos de sus mandatos, pero la mayoría se ha volcado a pedir respeto por ella.

 

Las 10 principales instituciones a las que dio vida la constitución

 

Estado Social de Derecho

 

Su prioridad es garantizar la dignidad humana; preserva las libertades individuales y exige el logro de metas sociales.

 

Estado pluralista

 

Indígenas, afrocolombianos, diversos cultos y minorías sexuales, entre otros, son reconocidos como parte integral de la sociedad.

 

Carta de Derechos

 

Se reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos fundamentales, económicos, culturales y colectivos.

 

Acción de tutela

 

Permite que, sin necesidad de abogado, los ciudadanos reclamen ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales

 

Corte Constitucional

 

El alto tribunal es el guardián de la Constitución. Garantiza que el marco normativo derivado de la Carta se ajuste a su esencia.

 

Fiscalía General de la Nación

 

Es el más poderoso organismo de investigación criminal del Estado. Nació para reforzar la justicia, entonces bajo amenaza.

 

Democracia participativa

 

Puso en manos de los ciudadanos instrumentos de participación democrática aparte del voto, como el referendo y las acciones populares

 

Independencia de la justicia

 

Desde 1991, la justicia tiene independencia económica y administrativa. Garantizó que la Rama Judicial trabajara sin interferencia

 

Límite a regímenes de excepción

 

Se restringió el otorgamiento de poderes extraordinarios al Ejecutivo. Se acabó el estado de sitio, que permitía al Presidente dictar leyes.

 

Pérdida de investidura

 

La Constitución acabó la inmunidad parlamentaria y permitió que, si hay mérito, el Consejo de Estado le quite la curul a un congresista.

 

Los que se fueron

 

María M. Carranza

A. Democrática M-19

Murió el 11 de julio del 2003

Sus aportes a la Carta fueron la lucha por los derechos de las mujeres y la diversidad cultural.

 

Augusto Ramírez

Partido Conservador

Murió el 14 de junio del 2011

Calificado como uno de los 5 mejores constituyentes. Luchó por derechos para los partidos.

 

Rodrigo Lloreda C.

Partido Conservador

Murió el 12 de enero del 2000

Trabajó por fortalecer la libertad de empresa y el modelo económico en la Constitución.

 

Orlando Fals Borda

A. Democrática M-19

Murió el 12 de agosto del 2008

Se destacó por la defensa del nuevo ordenamiento territorial y el concepto de las regiones.

 

Legado de la Constitución, según sus autores

 

Angelino Garzón

 

"El legado de la Carta del 91 son los derechos humanos. Hablamos del derecho legítimo de las personas a vivir mejor, en tranquilidad y en paz, empezando por los niños y las niñas."

 

Manuel José Cepeda

 

"La Carta nos dejó un sistema de protección de los derechos fundamentales."

 

Guillermo Perry

 

"Yo creo que la Constitución del 91 deja una visión multicultural, diversa y descentralizada, y una carta de derechos que va muy de la mano con esta visión nueva para los colombianos."

 

Fernando Carrillo Flórez

 

"La equidad como objetivo constitucional. Este principio pasa a jugar un rol prioritario en una realidad donde la desigualdad es falla geológica del sistema político y su mayor asignatura pendiente"

 

Eduardo Verano

 

"La mayor herencia es la certeza de que un país puede reformar sus instituciones en momentos de dificultad, para lograr los cambios que se requieren y consolidar su desarrollo económico y social."

 

Antonio Galán Sarmiento

 

"La Carta dejó descentralización administrativa, empezando por la separación de los poderes públicos para evitar abusos y alcanzar un mejor equilibrio de la democracia".

 

Abel Rodríguez

 

"Nunca antes una constitución tocó tan extensamente el tema de la educación".

 

Jaime Castro

 

"Se logró una carta de derechos políticos, económicos, sociales, culturales y de minorías, acompañados de acciones que garantizan su efectividad, para que no se queden en el papel".

 

María Teresa Garcés

 

"La Carta Magna ordena al Estado que actúe para que la igualdad no se quede en un nivel teórico, sino que sea práctico. Este está obligado a intervenir a favor de los grupos más débiles de la sociedad".

 

Antonio Yepes Parra

 

"La Constitución es un ejemplo de que se pueden tener actitudes de tolerancia, convivencia y respeto a la diferencia, y lograr consensos muy amplios en un grupo heterogéneo, como fue la Constituyente".

 

Juan Carlos Esguerra

 

"La Carta de 1991 es una norma fundamental al alcance de todos los ciudadanos. La consideramos como aliada nuestra, especialmente a la hora del reconocimiento de nuestros derechos".

 

Jaime Arias López

 

"El respeto por la diferencia nos permite seguir erigiendo el Estado Social de Derecho".

 

Horacio Serpa

 

"Entre tantas cosas importantes tenemos, en primer lugar, el Estado Social de Derecho; segundo, participación ciudadana; tercero, la descentralización y los instrumentos para el reconocimiento y la aplicación de los derechos".

 

Humberto de la Calle

 

"Son muchas cosas importantes, pero en mi opinión lo más significativo que le dejó la Constitución de 1991 a nuestro país, aun con ciertos desmanes, sin lugar a dudas es la acción de La Tutela".

 

Antonio Navarro

 

"La Carta de 1991 nos dejó un país democrático, incluyente, un país donde todos podemos vivir mejor. Un Estado Social de Derecho con instituciones al servicio de los ciudadanos, no al servicio del poder".

 

Álvaro Leyva Durán

 

"Les dejó el mandato a los colombianos de buscar la paz negociada. Es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y ordena, dentro de los deberes, propender al logro y mantenimiento de la paz".

 

Carlos Ossa

 

"La Tutela y la independencia del Banco de la República, lo más importante".

 

Germán Toro

 

"La Constitución de 1991 generó un ambiente de mayor acercamiento entre los ciudadanos y la Constitución, una mejor comprensión de lo que allí se consagra; es una carta de derechos con dientes, por primera vez".

 

Lorenzo Muelas

 

"El reconocimiento de nuestra existencia. La Constitución de 1886 no reconocía ningún derecho de los cuales gozamos ahora, lamentablemente no hemos podido desarrollar muchos de ellos".

 

Álvaro Cala

 

"La Constituyente de 1991 entrega un texto hecho por consenso. Finalmente, a pesar de tantas diferencias y de tantos problemas, no fue una cosa de imposición. Fue un acuerdo de mayorías democráticas elegidas en las urnas".

 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES

 

Por: FRANCISCO CAJIAO

 

El ciudadano que se forma desde la edad preescolar debe saber que para que su vida sea posible como un ser libre tiene muchos deberes con la comunidad y el principal es conocer y cumplir la ley.

Esta semana se cumplieron 20 años de la Constitución Política que orienta los sueños colectivos y la identidad de los ciudadanos de Colombia. Se han revivido discusiones muy interesantes sobre las virtudes y defectos de esta carta de navegación, con la cual el país intenta insertarse en el mundo civilizado del siglo XXI. Seguramente tendrán razón algunos comentaristas que destacan los vacíos y equivocaciones que quedaron allí plasmados. Pero no me cabe duda del poder de transformación cultural que ha tenido la Constitución de 1991.

Establecer los derechos humanos como fundamento y fin del Estado, así como la primacía de los derechos, en el caso de que haya conflicto entre los derechos de la persona y los intereses estatales, no es un cambio simplemente formal. Para señalar un ejemplo, en esta concepción constitucional se centra todo el escándalo de las 'chuzadas' del DAS. Los derechos reconocidos por la Constitución son de las personas y no pueden ser despojadas de ellos en ninguna circunstancia. Por eso, no se puede violar la intimidad, ni limitar el derecho de expresión, ni perseguir a alguien por sus ideas o creencias... ni espiar a la Corte Suprema de Justicia, ni acosar a periodistas, ni difundir información falsa o amañada...

En materia de educación, la Constitución ha marcado cambios de concepción que luego se desarrollaron en tres leyes fundamentales: la Ley 30, de educación superior; la Ley 115, o ley general de educación, y la Ley 60, que da paso a la descentralización. Pero, a pesar de los planteamientos constitucionales, es necesario señalar que el sistema educativo progresa a pasos muy lentos. Ha habido muchas transformaciones formales, pero muy pocas de fondo, porque las instituciones tienden, con una terquedad infinita, a aferrarse a las peores tradiciones autoritarias del pasado.

La Carta garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Pero, en la práctica, no es fácil saber, por ejemplo, cuál es la libertad de un adolescente para aprender si no se le ofrecen opciones para elegir, ya que los currículos escolares siguen siendo cerrados y prescriptivos, sin que todavía se haya avanzado en propuestas novedosas para la educación media. A cambio, ha habido una fuerte tendencia a regresar a un pasado pedagógico donde la evaluación era una herramienta de castigo en vez de una cultura de progreso.

La Corte Constitucional, en contraste, ha sido más audaz que los propios educadores al garantizar el derecho a la educación. Gracias a la tutela, ya no es posible expulsar a un estudiante sin que se le respete el debido proceso. Un embarazo o un piercing que molesten a unos directivos no pueden ser motivo de exclusión escolar. La educación sexual y la integración de niños con necesidades educativas especiales se han hecho realidad en una sociedad habituada a que la escuela era ese pequeño Estado cuyo interés primaba sobre los derechos de todos los alumnos. A pesar de esto, muchos colegios se las han arreglado para violar todas las normas mediante manuales de convivencia elaborados por abogados en vez de ser construidos con los estudiantes (como manda la ley), trampas para cobrar bonos, prohibición de presentar pruebas estatales para no bajar los promedios y otra serie de barbaridades.

El artículo 41 establece como obligatorio el estudio de la Constitución y la instrucción cívica en colegios y universidades. Qué bueno sería que al menos este artículo se tomara en serio y se pudiera profundizar en lo que significa un país de derechos, garantías y deberes. Porque el ciudadano que se forma desde la edad preescolar debe saber que para que su vida sea posible como un ser libre tiene muchos deberes con la comunidad y el principal es conocer y cumplir la ley, como única herramienta civilizada de convivencia y paz.

 

EDITORIAL: PACTO POR LA MODERNIDAD

 

'Murió la Constitución del 86'. Este fue el titular de primera página de EL TIEMPO hace 20 años. El 4 de julio de 1991, una nueva carta magna para Colombia fue promulgada en medio de un ambiente de unidad nacional y grandes expectativas sobre la paz y la construcción de un mejor país.

Dos décadas después, el producto del grupo más heterogéneo de asambleístas ha transformado el tejido político, económico y social de la nación. Surgida como reacción a un sistema bloqueado y como grito de supervivencia de una sociedad asediada por la violencia, la Carta del 91 tiene múltiples facetas.

Como resultado de las negociaciones con los guerrilleros del M-19, se considera un 'tratado de paz', y como expresión de minorías y disidencias configuró un 'revolcón político' contra el monopolio del bipartidismo tradicional. La creación de nuevas instituciones, como la Corte Constitucional y la Fiscalía, rediseñó el aparato estatal, mientras que la introducción de nuevos instrumentos, como la acción de tutela y la descentralización, refundó las bases de nuestro sistema democrático.

Pero la contribución más trascendental se presentó en la redefinición de los derechos fundamentales. La Carta Política saldó la deuda de su antecesora con la libertad de cultos, las minorías étnicas, las mujeres y los grupos más vulnerables. De un país católico y blanco se pasó a una sociedad diversa, multicultural y con reconocimiento de los indígenas y afrocolombianos.

Con el riesgo de simplificar una compleja caracterización, la Constitución de 1991 configuró un ambicioso pacto por la modernidad. Además de la expresión de las diferencias, el articulado pretendía brindar las herramientas para superar la violencia y el narcotráfico, para cimentar las reglas de la democracia y para garantizar que esa democracia se tradujera en ganancias sociales y económicas.

Contrastada con esas metas, el balance de 20 años registra tanto logros transformadores como frustrantes vacíos. Si bien Colombia continúa en guerra interna y sufre nuevas amenazas, la lucha goza hoy de una masiva legitimidad popular. Al mismo tiempo, los narcotraficantes siguen minando la seguridad nacional e infiltrando las más diversas instituciones.

A pesar de muchas falencias, la democracia colombiana es más sólida en el 2011 que en 1991. El sistema político ha demostrado la capacidad de asimilar proyectos de izquierda, así como de abrir espacios a fuerzas alternativas. Entidades creadas por la Carta para balancear el poder han generado permanentes índices de confianza cívica. La Corte Constitucional, por ejemplo, ha desplegado los alcances del Estado Social de Derecho -con mayor activismo y celo ideológico que el propio Legislativo-.

No obstante, las organizaciones criminales y subversivas continúan capturando a los políticos locales mientras la corrupción se alimenta de una descentralización de recursos sin auditoría ni control. En materia de democracia participativa, los instrumentos son hoy poco exitosos y mal usados.

Por último, el fortalecimiento del Estado se ha materializado en mejoras tangibles para la población más pobre. En política social, los avances no se pueden desconocer. Aunque los mecanismos de redistribución de la riqueza continúan fallando, las coberturas en salud y educación, así como el acceso a servicios básicos han aumentado. Por otro lado, el diseño institucional para una mayor regulación estatal necesita reforzarse.

Más de una treintena de reformas en 20 años -incluida la reelección presidencial- no han desvirtuado una Constitución que, con debilidades, preparó mejor a los colombianos para el siglo XXI.

 

EDITORIAL: CRISIS EN LAS PRISIONES

 

Hace unas semanas, las imágenes de un motín carcelario en Venezuela impactaron a América Latina. La cruenta toma de la cárcel caraqueña de El Rodeo por sus propios reclusos puso en evidencia el alarmante estado de la política penitenciaria del vecino país.

Pero la república bolivariana no es la única de la región con prisiones en problemas. El panorama de las colombianas confirma que el hacinamiento, la violación de derechos y la continuidad de la criminalidad existentes tras el levantamiento venezolano se presentan también en nuestro territorio.

La crisis se manifiesta en múltiples facetas. Una de ellas es la sobrepoblación. A pesar de la entrada en operación de siete nuevos centros de reclusión, con una oferta de 12.905 cupos adicionales el año pasado, el índice de hacinamiento sigue alto: el 24,2 por ciento. Solo en el 2010, el número de internos saltó de 76.761 a 84.444: por uno que sale entran otros 4. A ese ritmo de crecimiento, el año entrante el Inpec estima que se romperá la barrera de los 100.000 y se necesitarán otras cinco cárceles para albergar el sobrecupo.

Otra cara de la problemática se refleja en los derechos humanos. Los presos sufren una tensión paradójica entre la privación de la libertad y el mantenimiento del resto de sus garantías ciudadanas. Más de 8.000 quejas y 3.200 tutelas deben atender las autoridades correccionales sobre maltratos, deficiente atención en salud y el derecho de un recluso homosexual a usar maquillaje y llevar pelo largo. En este último caso, la Corte Constitucional ordenó al Inpec permitirlo.

 

Por otra parte, la grave crisis sanitaria en la prisión de Valledupar desembocó en el traslado de 240 internos tras días sin los mínimos servicios. Y la EPS Caprecom dejó de brindar la cobertura de salud a más de 75.000 presos por fallas administrativas.

A esta situación hay que agregar la resistencia de muchos convictos a la resocialización. El Inpec reportó que en sus requisas del 2010 decomisó 406 kilos de droga, 3.277 armas blancas y 13.627 celulares. Tras las rejas, en Itagüí, sicarios ordenan centenares de homcidios y en Medellín trafican con las citas médicas.

La confianza del Estado en medidas alternativas de reclusión se ve traicionada. De las 412 fugas del año pasado, 314 las protagonizaron reos en detención domiciliaria y otras 60 quienes disfrutaban de permisos excepcionales. Por más tentador que sea culpar al Inpec y a la injusticia social por la preocupante situación carcelaria, las decisiones individuales de miles de reclusos de seguir en la delincuencia detrás de los barrotes debe ser detectada y castigada.

Lo que sí es inaceptable son las desigualdades que se viven en las prisiones. Mientras unos internos, especialmente figuras políticas y peces gordos, disfrutan de permisos, beneficios y buenas instalaciones, otros, más pobres y vulnerables, no cuentan con cupos para estudiar ni con condiciones dignas.

El Gobierno tramita, de la mano del Ministerio del Interior, un nuevo código penitenciario. La reforma de la Ley 65 del 93 -aprobada en primer debate- contempla un sistema estricto de reducción por estudio, así como el endurecimiento de sanciones por corrupción de la guardia y los presos. Además, busca vigilar mejor los permisos que facilitan las fugas y las comunicaciones de los reos, claves para el delito.

El sistema carcelario es una de las áreas indómitas del Estado. Si bien la crisis no es responsabilidad exclusiva de las cabezas actuales, estas deberían liderar una discusión sobre la política vigente, desde las concesiones a privados hasta la lucha contra la corrupción interna.

 

EL ESPECTADOR

 

LA CORTE, DEFENSORA PROTAGÓNICA DE LA CONSTITUCIÓN

 

Por: Rodrigo Uprimny / Mauricio García Villegas

Dejusticia examina las razones del protagonismo de la Corte Constitucional en los últimos 20 años.

 La Corte Constitucional ha sido una de las instituciones que más ha contribuido a la puesta en marcha de la Constitución de 1991. A lo largo de sus casi 20 años de existencia, este tribunal ha tomado decisiones trascendentales que han cambiado el panorama de los derechos, de las relaciones entre los poderes públicos y de la vida política nacional. Algunos han criticado ese protagonismo pues consideran que la Corte se ha desbordado y que eso ha llevado a una perjudicial judicialización de la política. ¿Qué explica esta tendencia protagónica de la Corte Constitucional? ¿Qué tan buena ha sido para Colombia? Algunos elementos institucionales y políticos podrían servir para responder a estos difíciles interrogantes.

 

Los factores institucionales

 

En primer lugar, antes de que existiera la Corte Constitucional, Colombia ya tenía una larga tradición de control judicial de constitucionalidad. Desde 1910 se había reconocido la posibilidad de que se declarara la inconstitucionalidad de una ley. En segundo término, el acceso a la justicia constitucional en Colombia es muy fácil y poco costoso. Desde 1910 existe la acción pública, a través de la cual cualquier ciudadano puede pedir que se declare la inconstitucionalidad de cualquier ley, sin necesidad de ser abogado y sin ningún formalismo especial. La Constitución de 1991 creó también la acción de tutela, en virtud de la cual cualquier persona puede, sin ningún requisito especial, solicitar a cualquier juez la protección directa de sus derechos fundamentales. En tercer término, el diseño de la justicia constitucional en Colombia le confiere un enorme poder a la Corte.

 

Fuera de esos tres elementos propios del diseño institucional, también influyó el hecho de que el contenido de la Constitución de 1991 fuera particularmente progresista y generoso en la protección de derechos.

La Constitución de 1991 no fue el producto de una revolución triunfante, pero sí fue un intento por llevar a cabo un pacto de ampliación democrática, a fin de enfrentar la violencia y la corrupción política. En la Asamblea Constituyente tuvieron una participación muy importante fuerzas políticas y sociales tradicionalmente excluidas de la política electoral colombiana, que fue entonces muy pluralista, para los estándares electorales colombianos. Esto explica algunos de los contenidos progresistas de la Carta de 1991: la ampliación de los mecanismos de participación, la imposición al Estado de deberes de justicia social e igualdad y la incorporación de una rica carta de derechos y de nuevos mecanismos judiciales para su protección. Todo esto favoreció un activismo judicial en favor de los derechos de la persona, activismo que si bien no era imposible antes, tenía menos piso normativo en el anterior ordenamiento constitucional.

 

Los factores políticos

 

Un último factor que explica el activismo judicial progresista de la Corte es la crisis de la política en Colombia, que tiene dos aspectos: el deterioro del Congreso y en general de la representación política y la debilidad de los movimientos sociales y de los partidos de oposición.

El desencanto de los colombianos frente a la política ha llevado a ciertos sectores de la población a exigir del poder judicial respuestas a problemas que, en principio, deberían ser debatidos y solucionados, a través de la movilización ciudadana, en las esferas políticas. Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país, pero en Colombia la debilidad de los mecanismos de representación política ha sido más profunda, lo cual ha posibilitado un mayor protagonismo de la Corte. Por otro lado, Colombia ha tenido una tradición histórica de movimientos sociales débiles, en comparación con otros Estados latinoamericanos. Además, la violencia ha incrementado considerablemente los costos y los riesgos de su accionar, pues muchos líderes y activistas han sido asesinados. Estos dos factores —debilidad histórica y riesgos crecientes— tienden a fortalecer el protagonismo judicial, y en especial el de la Corte. En efecto, si el acceso a la justicia constitucional es fácil y los jueces constitucionales tienden a adoptar posturas progresistas, es natural que muchos grupos sociales se sientan tentados a preferir el empleo de las estrategias jurídicas, en vez de recurrir a la movilización social y política, que tiene enormes riesgos y costos en Colombia.

Finalmente, el protagonismo de la Corte para desarrollar los componentes progresistas de la Constitución no hubiera sido necesario si las propias fuerzas políticas hubieran acometido tal tarea. Pero no ha sido así. Muchos de los actores sociales y políticos que dominaron la Asamblea Constituyente de 1991 se debilitaron, en forma considerable y rápida, en los años posteriores. Las fuerzas que han dominado el Congreso y el panorama electoral desde 1992, si bien no son claramente enemigas de la Constitución de 1991, que recibía un respaldo ciudadano creciente, no se sentían tampoco comprometidas en desarrollarla.

En cabio, desde sus primeras sentencias, la Corte tomó en serio la Constitución y ha tendido, poco a poco, a representarse como la ejecutora de los valores de libertad y justicia social que ésta encarna, lo cual le permitió ganar una importante legitimidad en ciertos sectores sociales. Pero también ha ganado enemigos, algunos de ellos muy poderosos, que han hecho hasta lo imposible para limitar los alcances de la Corte.

 

Síntesis y perspectivas

 

Como vimos, los diseños de la justicia constitucional colombiana y la cultura jurídica han favorecido el protagonismo de la Corte a favor de los derechos, protagonismo que existe en muchos otros países, pero no de manera tan acentuada como en Colombia. La crisis de representación y la debilidad de los movimientos sociales favorecen el uso de los mecanismos jurídicos por parte de ciertos actores sociales. El texto aprobado en 1991 estimula también una visión progresista por parte de la Corte, la cual, debido al vacío generado por el debilitamiento de las fuerzas constituyentes, tiende a verse como la institución a la cual le corresponde ejecutar los valores contenidos en la Constitución.

Es obviamente preferible que la Constitución sea desarrollada por decisiones políticas del Gobierno y el Congreso, que son los órganos de origen popular. Pero frente a la inacción de esas instituciones, a la Corte no le quedaba otra opción que asumir esta labor. No hacerlo hubiera equivalido a abdicar de su tarea como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución.

 

REFORMA A LA JUSTICIA, UN PULSO POR VENIR

 

Por: Alfredo Molano Jimeno

 

Ya es un secreto a voces que la reforma a la justicia, que será presentada ante el Congreso el Próximo 20 de julio, producirá un fuerte pulso entre los citados a la mesa de concertación, agendada para el 11 y 12 del mismo mes. Analistas y parlamentarios auguran que el debate más duro se dará entre los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los de la Constitucional, por el llamado choque de trenes. El Espectador consultó a jurisconsultos de alto nivel y congresistas de las comisiones Primeras de Senado y Cámara con el fin de que explicaran cuáles serán los puntos más polémicos de dicha reforma.

La mayoría coincidió en que los principales temas que debe tratar la reforma, y en los cuales se darán las discusiones más fuertes, son: acceso a la justicia, eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, modificación del procedimiento penal, designación del fiscal general de la Nación y reforma a la Comisión de Investigación y Acusación.

El senador Liberal Juan Fernando Cristo advirtió que los principales temas a abordar en la próxima reunión entre Gobierno y altas cortes deberán ser: fortalecimiento presupuestal y administrativo de la rama; juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, en especial en lo que concierne a la Comisión de Acusación e Investigación; el mecanismo de elección de los magistrados; qué va a pasar con el Consejo Superior de la Judicatura y cómo tratar el tema de la tutela para evitar los choques de trenes. “Lo que hemos sostenido es que todo esto debe ir pensado en cómo descongestionar la justicia y como garantizar el acceso de los ciudadanos a ella”, enfatizó Cristo.

El senador Juan Carlos Vélez coincide con Cristo en que uno de los elementos más urgentes a tratar en la reforma es el acceso de  los ciudadanos al sistema de justicia. “No sólo se debe pretender modificar la cúpula de la justicia, sino que tiene que garantizar el acceso a todos los colombianos. Para eso es importante impulsar la reforma, pero también leyes como: jueces de paz, delitos menores, código de convivencia ciudadana y arbitramento”, expresó el parlamentario antioqueño.

Vélez sostiene que una de las discusiones más candentes versará sobre la tutela y el enfrentamiento que ésta produce entre jueces y magistrados, e incluso, entre magistrados de una y otra Corte. A su vez, afirma que respecto al Consejo Superior de la Judicatura, él es partidario de que se implante un consejo consultivo con los presidentes de las altas cortes y que haya un gerente especializado en manejar el presupuesto de la rama. “Porque el presupuesto anual que se maneja es de cerca de $2 billones”, advirtió Vélez.

“En cuanto a la Comisión de Acusaciones, creo que todos consideramos que se debe acabar. En su reemplazo se habla de crear un supertribunal para el juzgamiento de aforados, pero esa idea hay que aterrizarla”, dijo el parlamentario del Partido de la U.

Carlos Gaviria, expresidente de la Corte Constitucional, indicó que la reforma tiene que servir para apaciguar el “choque de trenes” entre las altas cortes y aseveró que “es necesario que quedé claramente establecido que en materia constitucional la Corte Constitucional es quien debe tener la ultima palabra”.

Por otra parte, el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Gustavo Gallón, insistió en que la Corte Constitucional debe continuar siendo la instancia de tratamiento de la tutela. Frente a si debe o no ser eliminado el Consejo Superior de la Judicatura, el reconocido penalista aseveró: “Será el gran sacrificado porque se ha convertido en tribunal de bolsillo del Gobierno”, y coincidió con el senador Vélez en que la fórmula para reemplazarlo será una sala plena, con presidentes de las cortes y un gerente.

Para Gallón, uno de los nervios de la reforma es la necesidad de replantar el procedimiento penal, en cuanto a que en el actual la víctima no es sujeto procesal y queda al arbitrio del fiscal. Respecto a la elección del fiscal, el presidente de la CCJ asevera que se impondrá la propuesta del exfiscal Alfonso Gómez Méndez, quien dice que debe ser la Corte la que presente la terna al presidente y no al revés.

A la Comisión de Acusación la calificó como una “vagabundería” que debe ser eliminada y estimó que los aforados deben tener doble instancia.

Por ahora, analistas y senadores parecen coincidir en cuáles son los temas sobre los que tiene que versar la reforma a la justicia, pero habrá que esperar a ver si magistrados y Gobierno también están tan de acuerdo.

 

Tutela, en el lente de la reforma a la justicia

 

Cuando se celebran los 20 años del nacimiento de la Constitución que hoy rige a Colombia, ya se agita la discusión sobre una probable reforma a la tutela, una de las banderas de la Carta Política.

  Según lo ha advertido el Gobierno a través del ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, es necesario incluir una reforma a la tutela, ya que por cuenta de ésta se han desatado fuertes enfrentamientos entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.

Según Vargas Lleras, así se hará en la reforma a la justicia que será presentada al Congreso el próximo 20 de julio, con el fin de evitar lo que se conoce como el ‘choque de trenes’, es decir,  “tutela  contra sentencias judiciales” , en palabras del jefe de la cartera.

 Al paso le salió Antonio Navarro Wolff, quien afirmó: “todo el que se meta a limitar  la tutela de forma inconveniente pierde. Esta es una herramienta popular y el que la quiera reformar ‘lleva’”.

 

EL ARDUO CAMINO DE LA CONSTITUYENTE DE 1991

Por: Jorge Cardona Alzate

 

El 4 de julio de 1991 fue proclamada la Constitución que hoy rige a Colombia. Un breve recorrido a la memoria de ese momento histórico en medio de la crisis creada por los violentos.

 Hace 20 años, en ceremonia que se cumplió en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, con la intervención a tres voces de sus copresidentes, Álvaro Gómez, Horacio Serpa y Antonio Navarro, se proclamó la Constitución que hoy rige a Colombia. Durante cinco meses, una Asamblea Nacional Constituyente integrada por 74 delegatarios, le dio forma al ordenamiento jurídico que dejó atrás la centenaria Carta Política de 1886 y abrió camino a un sistema garantista que fue concebido como un tratado de paz. Un intenso proceso democrático que fue alentado por la sociedad colombiana y que la juventud de la época acogió como una victoria.

Pero no fue un camino fácil. Colombia sufría la arremetida del narcoterrorismo de Pablo Escobar, sus socios y sus secuaces; el paramilitarismo mostraba los dientes de su barbarie, los grupos guerrilleros ajustaban su máquina de violencia y la clase política pugnaba en medio de la crisis. La idea de renovar la Constitución era un sueño aplazado con frustraciones recientes: una reforma que se tramitó en el Congreso en el gobierno de Alfonso López que tumbó la Corte por vicios de forma y otro acto legislativo que también se cayó en la Corte durante el gobierno Turbay. El avance reformista llegó en 1986 con la elección popular de alcaldes.

En enero de 1988, el entonces presidente Virgilio Barco súbitamente revivió el ideal. El narcotráfico acababa de asesinar al procurador Carlos Mauro Hoyos y, además de la respuesta gubernamental expidiendo el Estatuto para la Defensa de la Democracia, con rígidas normas para enfrentar la amenaza terrorista, el jefe de Estado instó al país a realizar un plebiscito ciudadano para retomar la ruta de la reforma institucional. En ese momento, el artículo 218 de la Carta de 1886 prohibía modificar la Constitución por una vía distinta al Congreso. Virgilio Barco propuso que a través del voto los colombianos derogaran esta prohibición.

Una audaz propuesta con fecha incluida: el mismo día en que los colombianos iban a elegir por primera vez a sus alcaldes, el 13 de marzo de 1988. La apuesta del presidente Barco causó entusiasmo, pero pronto fue capitalizada por los partidos políticos que primero la convirtieron en una comisión de estudios y luego, en febrero, en el llamado Acuerdo de la Casa de Nariño, sonoramente presentado al país. Un pacto que descartó el plebiscito y recobró la senda de tramitar la reforma constitucional a través del Congreso. Pero la encerrona política la aguó el Consejo de Estado, que semanas después tumbó el acuerdo por yerros jurídicos.

El as del plebiscito se hizo triza, la crisis nacional siguió sumando asesinatos selectivos y masacres, pero en julio de 1988, en medio de la conmoción creada por el secuestro y posterior liberación del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado a manos del M-19, el gobierno Barco se la jugó de nuevo y presentó al Congreso una propuesta de reforma que limitaba el repudiado estado de sitio, fortalecía los mecanismos de participación ciudadana y, entre otros organismos, promovía crear la Fiscalía, la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura. En pocas semanas, los partidos políticos discutían éste y otros proyectos.

Luego vino 1989 y su alud de luto colectivo causado por los violentos. La masacre de 12 funcionarios judiciales en La Rochela (Santander) en enero; el asesinato del dirigente de la Unión Patriótica José Antequera en marzo; el crimen del gobernador de Antioquia Antonio Roldán en junio; el magnicidio de Luis Carlos Galán en agosto; el bombazo contra El Espectador en septiembre, la muerte de 107 inocentes en un avión de Avianca explotado en noviembre o la mano terrorista contra el edificio del DAS en diciembre. Y en medio de la zozobra de los carros bomba, un Congreso dividido frente a la urgencia de enfrentar al narcotráfico.

La evidencia salió a relucir en la agonía de ese año calamitoso. Sólo faltaba un debate en la Cámara para que la reforma constitucional quedara lista. Pero a última hora, un grupo de parlamentarios decidió añadir a la iniciativa la realización de un referendo para que los colombianos decidieran sí o no a la extradición de nacionales. El gobierno Barco reaccionó advirtiendo que la mafia iba a imponer la votación por el no a punta de terrorismo. Pero no fue posible convencer al Congreso. Entonces el 15 de diciembre, el Ejecutivo retiró su apoyo a la reforma. Prefirió frustrar el ideal colectivo a permitir una victoria soterrada de la mafia.

La desesperanza volvió a imponerse. Y fue entonces cuando la juventud asumió su rol renovador y desde las aulas de la Universidad del Rosario, Los Andes o la Javeriana, entre otros centros de educación superior, surgió la fórmula de la Séptima Papeleta. En marzo de 1990 debía realizarse la elección de Senado, Cámara, Asamblea, Alcaldía, Concejo y Consulta Liberal para elegir candidato presidencial. Los estudiantes agregaron un séptimo voto para que  obrara como un plebiscito de opinión a favor de una Asamblea Constituyente. Una idea tan novedosa que pronto se pegaron los políticos. Después derivó en fervor ciudadano.

Nunca se supo cuántos respaldaron la idea en las urnas porque la Registraduría no estaba obligada a escrutar esa votación, que fue la noticia. Tanto que el gobierno Barco, en respaldo a esa espontánea elección, expidió un decreto de estado de sitio para que en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990 se contaran formalmente los votos por la Constituyente. La Corte Suprema respaldó el decreto y, por más de cinco millones de votos, la Constituyente volvió a ganar. El turno correspondía ahora al mandatario electo Cesar Gaviria Trujillo, quien rápidamente repitió la fórmula: un decreto de estado de sitio para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente.

Con apretada decisión, en octubre la Corte respaldó el decreto y el 9 de diciembre los colombianos, con abstención electoral del 75%, conformaron la anhelada Constituyente. La Alianza Democrática M-19 se quedó con 19 curules.  El Partido Liberal, aplicando la llamada “Operación Avispa”, alcanzó 24 escaños. El Movimiento de Salvación Nacional logró 11 curules. Esta votación permitió a Antonio Navarro, Horacio Serpa y Álvaro Gómez compartir la presidencia de la Constituyente. El 5 de febrero de 1991, voceros de los indígenas, de los sindicalistas, de todos los matices ideológicos, emprendieron la tarea de redactar una nueva carta de navegación para Colombia.

 

Semanas más tarde se sumaron a la  cita los delegados del Ejército Popular de Liberación, que entregó sus armas ante la plenaria de la Asamblea. Después llegaron los voceros del grupo guerrillero Quintín Lame, que también calló sus fusiles. Con el paso de los días fue tomando forma el perfil garantista de la reforma pero también dejó evidenciar la pelea abierta entre el Congreso y la Constituyente porque, desde el primer momento, la Asamblea tuvo claro que iba a revocar el mandato del Poder Legislativo. Terminó haciéndolo. A cambio, el gobierno Gaviria logró que los delegatarios se inhabilitaran para ser inmediatos congresistas.

El otro dilema crítico fue la extradición de nacionales. Aunque el gobierno Gaviria se cansó de insistir en que ese tema no fuera incluido en los debates, a  diez días de instalada la Asamblea ya se había presentado una propuesta para prohibirla. Ni siquiera pesó que en medio de la controversia, el 30 de abril de 1991, fuera asesinado el exministro de Justicia, Enrique Low Murtra. Al margen de los violentos, poco a poco fueron naciendo a la vida jurídica la Fiscalía, la Corte Constitucional o la Defensoría del Pueblo. La doble vuelta en la elección presidencial, la tutela y la acción de cumplimiento o la libertad de cultos,  ganaron su espacio.

Aún así, en la trasescena de la crisis, mientras la Asamblea Constituyente moldeaba la Carta Política de 1991, el capo de capos, Pablo Escobar Gaviria concretaba su entrega a la justicia a través del atajo de la política de sometimiento que había diseñado el gobierno Gaviria para garantizar su rendición. El mismo 19 de junio en que Escobar se entregó a la justicia y quedó recluido en la cárcel de La Catedral para seguir delinquiendo, la Constituyente aprobó por primera vez la prohibición de extraditar colombianos. En un ambiente de saludable revolcón quedó el sinsabor de que la mafia también había cobrado su victoria.

Lo demás fue la incesante carrera de aprobar 380 artículos, con un apéndice inesperado para superar el vacío legislativo: la creación de una Comisión multipartidista de 36 integrantes que fue conocida como el “Congresito”, para reemplazar a Senado y Cámara que sólo reasumieron sus funciones hasta el 1° de diciembre. Todo sucedió hace 20 años, y el jueves 4 de julio de 1991, entre manifestaciones de orgullo y de nostalgia por la tarea cumplida, uno a uno, los delegatarios fueron firmando un ejemplar de estilo de la nueva Constitución de Colombia, que emergió como un salvavidas en medio de una larga tormenta de crímenes políticos.

 

LA CONSTITUCIÓN DE 1991

 

Del frente nacional y sus casi 30 años de clientelismo, fragmentación y ausencia de representatividad, del deterioro del orden público a manos de los grupos armados y de la amenaza del narcotráfico que permeó todas las instituciones en su lucha contra la extradición, nació, hace 20 años, la Constitución Política de 1991.

La toma, retoma e incendio del Palacio de Justicia en 1985 fue el crimen que arrastró al país al cambio. El que visibilizó definitivamente la desintegración del pacto social. El que dio origen al movimiento estudiantil que con los años cobró fuerza y, con él, los movimientos civiles que exigían nuevas directrices nacionales. El gobierno de Virgilio Barco consiguió, durante su administración, desmovilizar a cinco grupos guerrilleros. Faltaron las Farc. No obstante, si algo logró en 1990 la Séptima Papeleta, que solicitó una reforma constitucional mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente, y más aún, lo que lograron los 60 constituyentes elegidos directamente por voto popular, fue su deslegitimación.

Por primera vez no fueron unos pocos los que instauraron los fundamentos de la vida pública colombiana. Fueron todos los colombianos. Si las Farc querían refundar al país, ésta era la oportunidad. Con todas sus ambigüedades y falencias, la Carta del 91 otorgó un nuevo norte. Sólo la ampliación de la participación ciudadana cambió el panorama. La Constituyente estableció mecanismos para incluir a las minorías políticas y superar el bipartidismo. En el ámbito municipal, se crearon juntas administradoras locales y, en el departamental, la elección popular de gobernadores. A la diseminación del poder electoral, se sumió la diseminación del poder Ejecutivo con la restricción a los estado de excepción. Aunque la predominancia de la rama se mantiene, en parte, por la  debilidad de los partidos políticos —acrecentada por la participación de los ciudadanos a título individual, la legalidad de la doble militancia y, en general, los escasos requisitos para la conformación de colectividades—, en todo caso el contrapeso es mayor.

Pero más allá de la reorganización de los poderes y sus equilibrios, esencial de la Carta de 1991 fue la consagración no sólo de que el país era de todos, sino que era de cierta manera: aconfesional, pluralista, republicano y —en especial— respetuoso de los derechos humanos. Antes del 91, se permitía sin más el avance del llamado “interés general” sobre las titulaciones intrínsecas a la persona humana. Sin duda, la Constituyente logró cambiar un esquema político autoritario y excluyente, y le abrió el paso al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, al libre desarrollo de la personalidad y al concepto de igualdad efectiva. Piso progresista que las doctrinas constitucionales, con generosa sabiduría, han logrado ampliar. 

Y es que si bien la Constitución no ha logrado sacar al país de la pobreza y reducir la brecha de desigualdad, ni ha logrado tampoco desmontar las estructuras de violencia —aunque los avances desde entonces son notables— una ganancia clara, y que representa además un espíritu ya no idealista sino cada vez más arraigado en el diario de la sociedad, es la democratización del país. El derecho fundamental a la consulta previa de grupos étnicos, los estados de cosas inconstitucionales, el derecho fundamental al mínimo vital y otros conceptos de la Corte Constitucional, fiel guardiana de la Carta, han hecho caminar a Colombia por un camino más respetuoso de la individualidad, sus requisitos y sus reivindicaciones. El país es todavía demasiado tolerante a los abusos. Pero, al menos, la reforma del 91 logró catalogar como tales situaciones que se tenían por necesarias, irremediables e, incluso, normales. Algunas de las cosas que están escritas no deberían estar en la Carta. Otras que sí deberían estar no se han realizado. Pero que somos una mejor democracia hoy que hace 20 años es indiscutible.

 

20 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991

'LA PAZ NO HA SIDO POSIBLE POR EL NARCOTRÁFICO': GAVIRIA

 

Por: Hugo García Segura y Felipe Morales Mogollón

20 años después de la promulgación de la Constitución de 1991, el expresidente César Gaviria reflexiona sobre su valor y los temas pendientes.

 Alejado de las lides políticas –por voluntad propia–, el expresidente César Gaviria vuelve al primer plano nacional con los 20 años de promulgación de la Constitución de 1991, que se conmemoran mañana 4 de julio. Fue él quien interpretando el querer popular en la denominada ‘séptima papeleta’, mientras era primer mandatario, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para darle un nuevo rumbo político y social a Colombia. Rumbo que, algunos dirán, se ha extraviado.

En entrevista con El Espectador, Gaviria recuerda aquella época aciaga que derivó en la Constituyente, habla del valor de la nueva Carta Política y los temas aún pendientes, responde a los inconformes y,  saliéndose de la línea de no hablar de política públicamente, da su opinión sobre el gobierno Santos.

 

¿Qué visión tiene usted de toda esa turbulencia que antecedió a la Constituyente del 91?

 

Había situaciones de orden público supremamente graves. Habían empezado las primeras grandes masacres de los paramilitares. Vivimos a lo largo del gobierno del presidente Barco un proceso de marchas campesinas armadas, con el Eln infiltrado en ellas, que culminó el día que secuestraron a Álvaro Gómez y con la muerte de un coronel y de muchos soldados. Los temas de la justicia realmente eran dramáticos. Ni el país ni el sistema judicial estaban preparados para el narcoterrorismo. La Fiscalía, que había sido aprobada formalmente en una reforma constitucional, no había salido. Nos tocó hacer algo casi inaudito: por decreto de Estado de Sitio creamos una jurisdicción de orden público a la que le atribuimos los temas de narcotráfico. Creamos jueces secretos, testigos secretos, eso era algo totalmente anormal desde el punto de vista institucional y que había que resolver porque eso tenía que ser un tema transitorio. Obviamente la violencia del narcoterrorismo, cuya máxima expresión fue la muerte, un mismo día, de Luis Carlos Galán, del magistrado Carlos Valencia y del director de la Policía en Antioquia, Valdemar Franklin Quintero, y después los atentados que vinieron y las bombas que estallaron a todo lo ancho de Colombia crearon un tema de ilegitimidad para las instituciones y un desafío gigantesco que fue el que dio origen a ese clima político tan excepcional que se dio y que permitió no solo que el presidente Barco decretara la contabilización de las papeletas, sino que hizo que por un acuerdo político que hicimos con todos los partidos, se pudiera convocar la Constituyente y que la Corte Suprema, entendiendo la gravedad del momento político que estábamos viviendo, aceptó el decreto, que yo expedí, lo declaró constitucional y de ahí partió el proceso.

 

Hay críticos que dicen que fue una Constituyente arrodillada a Pablo Escobar, recordando el escándalo de la negociación de la extradición…

 

No es sino mirar la lista de los constituyentes para saber que no fue así. El único semi-escándalo que hubo fue una cosa que evidentemente fue arreglada y que pretendió mostrar que un señor, que era constituyente y que pertenecía a las autodefensas del Magdalena Medio, iba a recibir plata para votar el no a la extradición. Eso es francamente ridículo, se buscaron a la persona más inadecuada para hacer ese montaje. Si se prohibió la extradición, creo que los constituyentes lo votaron así porque la inmensa mayoría de los colombianos, y eso está en las encuestas, la asociaban con el terrorismo y los llamados extraditables vendieron ese mensaje. En su momento, el Gobierno dijo que ese no era un tema constitucional, pero la Constituyente -en su sabiduría- lo decidió así y lo acatamos porque entendimos que ese era el momento político que el país vivía.

 

20 años después ¿cuál es su reflexión sobre el gran aporte de la  Constitución del 91 al país?

 

La Constitución de 1986 cumplió su papel, que fue preservar la unidad del país ante una autoridad presidencial muy débil y la casi desintegración nacional. Un siglo después, la idea central que empezamos a tramitar desde el gobierno del presidente Barco, en una reforma que yo como ministro der Gobierno pasé en primera vuelta, era una constitución que no se basara simplemente en el cumplimiento de la ley o en el ejercicio de la autoridad sino en proteger los derechos de los ciudadanos. De ahí surgió la tutela, la jurisdicción constitucional y todo lo que vino después.

 

Habló usted de una hoja de ruta para garantizar los derechos, pero hay quienes señalan que la Constitución del 91 es sólo un manual de buenas intenciones que no se puede cumplir, como en el caso del derecho a la salud y a la pronta justicia…

 

Empecemos por lo de la salud y la Ley 100. El cubrimiento del sistema de salud colombiano ha sido dramático; partimos creo que del 18% y hoy estamos por los lados del 90%, de manera que no podemos decir que no se ha cumplido. Es cierto, el sistema tiene muchos problemas que no son esencialmente de la Constitución y ni siquiera de la Ley 100. El problema es que los gobiernos no se han movido con la suficiente diligencia para solucionar problemas que se hubieran podido resolver por la vía legal e incluso por simple voluntad política. El tema del acceso a la justicia no se ha resuelto, es una tarea pendiente y por eso creo que ese debería ser el enfoque de la reforma que se plantea a la rama. Aún así, la tutela es precisamente acceso masivo de los ciudadanos a la justicia. Ahora, los problemas fundamentales de la justicia no tienen que ver con la Constitución, sobre todo en lo que tiene que ver con mejorar su eficacia.

 

¿En qué cree que tendría que cambiar aún la Constitución?

 

En los temas de control político y un estatuto de la oposición es mejorar dicho control político y que la gente tenga información para hacer debates y para juzgar. Acá hay una costumbre, cada vez peor, de que el Congreso ni siquiera discute el presupuesto y los informes de los ministros o del mismo presidente no tienen ningún tipo de vigilancia. La moción de censura, aunque no se puede decir que no  ha servido para nada, tampoco es que haya funcionado bien. Casos como estos hay muchos, lo cual no quiere decir que lo que hemos hecho esté mal, sino que aún hay cosas por hacer. La Fiscalía y la justicia constitucional ha funcionado bien y lo que no está funcionando bien es lo que hay que reformar. Y claro, no se puede pensar que todo tiene que ser cambiando la Constitución.

 

¿No produjo la Carta del 91 la politización de la justicia?

 

No lo veo así. El respeto a los derechos sociales y fundamentales son un tema político, y los fallos de la Corte Constitucional son para hacer cumplir esos derechos. Que el origen de la Corte sea como el que hemos visto es algo que no está siendo cuestionado hoy. Yo no he visto que la justicia se haya vuelto política. Se discuten los temas que falla la Corte Constitucional pero es que son para discutirlos y los ciudadanos tienen derecho. Ahora, los de la Corte Suprema hay que acatarlos y punto.

 

Unos dicen que la nueva Constitución debilitó el poder del presidente y otros que le dio mucho ¿usted que cree?

 

Recuerdo que el debate que hubo, particularmente con el expresidente Samper, era que habíamos debilitado el poder presidencial. Es cierto, hoy ese poder es muy inferior al que tenía la Constitución del 86 y todavía se puede avanzar más en quitarle. Ese es un debate legítimo. 

Claro que esas tesis puede ser rebatida con las muestra de poder presidencial durante el mandato Uribe…

La única tesis que se había planteado era que se le había quitado mucho poder al presidente y que muchas de las dificultades para gobernar radicaban en ello. Cuando el presidente Uribe llegó, demostró que el presidente tenía mucho poder y yo mismo me encargué de señalarle que las cosas que él quería hacer para mejorar la seguridad se podían hacer a través de estados de excepción, solo que después tenían que ir al Congreso para volverlas legislación permanente.

 

Unos dicen que la única manera de reformar a la justicia es con otra constituyente ¿será?

 

Se puede citar a constituyentes, esa es una de las cosas que hizo la Constitución del 91, validar dichos procesos, pero hay que tener en cuenta que esos son instrumentos no soluciones. El que crea que se debe citar a una constituyente, pues que diga cuáles son los artículos que hay que modificar y así se mira si tiene conveniencia o no. Eso sí, todo debe ser en los términos de la Constitución.

 

¿De todas maneras no sería ello un salto al vacío?

 

Lo que digo es que para analizar la idea no basta con decir que citen a una constituyente y ya. Que digan para qué y así uno puede mirar si se justifica o no. Ahora, no creo que sea necesaria.

 

¿Qué quedó mal en lo de la justicia que hace necesario plantear una reforma de fondo?

 

Los problemas que aún tiene la justicia son más de tipo legal y administrativo y hay que mirarlos sector por sector para ver cómo se hace pronta y cumplida. Puede ser necesario cambiar algunos artículos de la Constitución, aunque yo no creo. No veo la necesidad hacer grandes cambios para resolver los problemas de la justicia. Hay unos problemas por resolver que son más urgentes y que no tienen que ver con cambios en la Constitución. Por ejemplo, la reforma en materia de arbitramento tiene mucho sentido. Hay que usar más esa herramienta y hay otras formas de justicia que se pueden fortalecer sin que sea necesario tocar la Carta del 91.

 

¿Es necesario reformar la tutela?

 

Creo que la Corte Suprema debería revisar los argumentos de la Corte Constitucional antes de que esta falle. Entre otras cosas, ni las cortes se han puesto de acuerdo. Han avanzado un buen camino, puede ser que avancen hasta quedar no totalmente satisfechas, porque ahí hay intereses que son muy encontrados, pero es un problema cada vez menor.

 

La Constitución del 91 se concibió como una herramienta para alcanzar la paz ¿por qué 20 años después no se ha logrado?

 

Por el narcotráfico. En la medida en que la guerrilla se criminalizó y se dedicó al negocio de la droga, eso ha hecho muy difícil alcanzar la paz. Pero hay una cosa que nadie puede negar, como quiera que todos los sectores contestatarios de la sociedad colombiana participaron del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, hoy no tenemos sectores urbanos o sectores importantes que defiendan la lucha armada o la combinación de las formas de lucha. Eso desapareció. No hay nadie que participe en la vida social y pública de la nación que legitime ninguna forma de alzamiento armado. Los argumentos para ello desaparecieron y no creo que haya sectores serios de la vida colombiana que digan que los problemas del país pasan por una mala constitución.

 

¿Sigue teniendo la Constitución del 91 muchos enemigos?

 

No creo, y no se han visto. Hay discusiones legítimas y nunca van a desaparecer, como la de que si el poder presidencial es mucho o poquito. Puede que digan que hay muchas tareas pendientes desde el punto de vista institucional, pero en general la inmensa mayoría de los colombianos validan y reconocen la importancia de la Constitución y aceptan que hay muchas normas que han funcionado. Hasta hay cosas que en un comienzo fueron discusión y ya pasaron al olvido, como que seamos un país aconfesional, lo del divorcio o que no estemos en Estado de Sitio permanente. Ahora las discusiones vigentes tienen que ver, por ejemplo, con la reforma a las transferencias a las regiones, o sobre la tutela. Y son  discusiones legítimas.

 

¿Y son legítimas las más de 30 reformas que se le han hecho?

 

Hay muchas inocuas y otras inconvenientes, pero no creo la Constitución se haya desnaturalizado para nada. La reforma de 2003 que permitió organizar un poco los partidos fue buena y la Reforma Política que se aprobó a finales del pasado gobierno no me dejó satisfecho para nada. Lamentamos, por ejemplo, que no se hubiera aplicado de forma inmediata la silla vacía. Los cambios que se han introducido no son muy grandes y lo que creo es que hay muchos temas constitucionalizados. Todo el Estado, cada institución y sus funciones, está en la Constitución y cada vez que se va a cambiar una cosa en la administración pública, toca cambiarla. Eso no debería ser así. Por ejemplo, está el caso de la Comisión Nacional de Televisión, algo que nunca ha debido estar en la Constitución. Más allá de que sea buena o mala, ese no es un tema constitucional. El Estado se puede organizar desde el punto de vista administrativo con simples leyes.

 

¿El acto legislativo de sostenibilidad fiscal rompe la columna vertebral de la Constitución?

 

Entiendo que lo que se aprobó habla de un criterio que debe aplicar la Corte Constitucional y no creo que ella tenga problemas en aplicar dicho criterio. Otra cosa era quitarle  al alto tribunal la facultad de tomar ciertas decisiones y otra es señalar su criterio.

 

¿Qué significó para la carta del 91 la reelección de Álvaro Uribe?

 

Debemos acatar los fallos de la Corte Constitucional que dijo que una reelección era viable y la segunda no. Eso es lo que hay que hacer, aunque yo no tengo particular simpatía por la reelección. Ahora, si esa norma se va a quedar en la Constitución, y no creo que valga la pena abrir ese debate ahora, si deberíamos pensar en lo que el Partido Liberal propuso en el sentido de quitarle al presidente algunas facultades que le permiten intervenir en la elección de las personas que encabezan los órganos de control. Eso genera una concentración de poder inconveniente. Inevitablemente, un presidente que aspira a la reelección tiene mucho más poder  y tiene ventajas que son obvias. Por eso se debe garantizar que no abuse de ese poder.

 

¿Ha sido la reelección la reforma que más daño le ha hecho a la Constitución?

 

Sobre todo la segunda, porque a mí me parece que el mandato del presidente Uribe se sacrificó mucho en gobierno y administración en la búsqueda de esa reelección. Buena parte de los problemas que estamos viviendo hoy hacen relación con eso.

 

¿Se refiere a los escándalos de corrupción?

 

Sí, los problemas que han resultado por la falta de control y desbordamiento tienen mucho que ver con ese tema der buscar una segunda reelección. La búsqueda por cambiar una norma como esa en mitad del camino hizo mucho daño.

 

Por cierto, la nueva Constitución como que no sirvió en nada para acabar con la corrupción…

 

La Constitución no puede corregir el comportamiento humano, pero hubo normas que son muy útiles, como eliminar la inmunidad y pasar el juzgamiento de los congresistas  a la Corte Suprema. También lo de la pérdida de investidura, que creo se ha usado con mucha severidad o acabar con los auxilios parlamentarios. El acceso a la información y las licitaciones hoy son más transparentes y más públicas, no se hacen a puerta cerrada. Es probable que haya que hacer muchas más cosas pero no creo que para eso sea necesario meterse con la Constitución. Por ejemplo, en el tema de las obras públicas, hay que ejercer más control sobre los compromisos de las firmas, hay que mirar antes de abrir las licitaciones que las compañías cumplan con los requisitos y que tengan capacidad para realizar las obras. Las normas que se aprobaron para combatir la corrupción dentro de la Constitución fueron buenas, tal vez no suficientes, pero fueron buenas.

 

¿Debe haber doble instancia para el juzgamiento de congresistas?

 

Sí, esa es una norma del derecho conveniente que vale la pena discutir. Sin embargo, yo diría que la fórmula de que sea la Sala Penal de la Corte Suprema la que realice ese examen ha salido bien. Usualmente uno debe tener la tendencia a no cambiar lo que está funcionando, pero eso no debería ser incompatible con la determinación de una doble instancia.

 

Cuándo usted habla de regular subsidios ¿a qué se refiere? ¿Será porque aquí todo lo que tiene que ver con subsidios termina en escándalo?

 

Lo que digo es que hay que hacerlo con transparencia y eso lo están violando sistemáticamente. Los subsidios deben estar incluidos en el presupuesto y no se deben resolver al calor de las necesidades o de las plazas públicas. Falta control. No puede ser que haya muchas más personas con subsidio de salud que pobres y los subsidios no se tratan como un derecho de la gente sino como un favor político, lo cual hace mucho daño. Los subsidios de vivienda que estableció el presidente Samper cuando era ministro de Desarrollo, son una buena idea; los de educación también. Es una manera de que la plata no se quede en las instituciones sino que le llegue a la gente y así lo planteó la Constitución del 91.

 

¿El mal manejo del gasto y del otorgamiento de subsidios también obedece a la falta de control político del Congreso?

 

El gobierno tampoco es riguroso. La Constituyente del 91, en su sabiduría, decidió no meterse con la reforma del presidente Carlos Lleras que decía que la iniciativa del gasto era del Ejecutivo. Creo que eso era así, pero la idea es que las decisiones se tomaran cumpliendo unos parámetros en el Conpes y por la Secretaria Técnica de Planeación. Eso se ha abandonado y ahora las cosas se deciden al calor de las coyunturas políticas o económicas.

 

¿No cree que más allá de la tutela, ha faltado desarrollar otros mecanismos de participación ciudadana?

 

Sin duda, los sistemas de participación que se regularon en mi gobierno hay que mirarlos para ver cómo se hacen más eficaces, sin destruir la gobernabilidad.

 

¿Por qué 20 años después no ha sido posible sacar adelante el estatuto del trabajo?

 

Se han expedido muy pocas leyes estatutarias, no sé si alguna distinta de la de los mecanismos de participación ciudadana. Aquí tenemos una falla grande, sobre todo en los que tiene que ver con los derechos sociales, que deben tener leyes estatutarias que señalen cómo se ejercen. Allí hay un enorme vacío y muchos de los problemas de la salud tienen que ver con ello.

 

¿Será que por eso es que las cortes han terminado legislando con sus fallos?

 

Que el Ministerio de Salud no tenga un mecanismo al cual acudir para resolver sus diferencias con las EPS y éstas o sus usuarios tengan que acudir a un juez antes que al Ministerio, es un absurdo. Tiene que haber una autoridad que le diga al ciudadano: usted tiene razón o no la tiene y ponérselo por escrito. Eso no le quita al ciudadano el derecho de acudir a un juez, pero si una autoridad le dice que según las normas no tiene algún derecho, es muy probable que no vaya o es muy probable que la EPS le haga caso al Ministerio si en su concepto le dice al ciudadano que sí tiene derecho.

 

¿Entonces cuál es el trasfondo de la crisis en la salud?

 

Hay cosas que se pueden hacer sin meterse con la ley: que los hospitales de las EPS compitan con los demás. La idea era tener un sistema donde hubiera competencia, no donde las EPS crearan monopolios. No tengo particular simpatía con la integración vertical, pero creo que el principal problema es que dejaron que se volvieran pequeños monopolios y la constitución del 91 lo que buscaba era amparar el derecho a la competencia que tenían los ciudadanos. No hay que dejar que las empresas que prestan el servicio o que venden artículos de consumo hagan acuerdos de precios. Yo no creo que para eso se necesiten leyes, pero si se necesitan, hay que tramitarlas. Para ejercer control y decirle a las personas a qué tiene derecho, no es necesaria una ley. Si el POS se define con claridad, el Fosyga será un mecanismo de excepción y no la regla.

 

¿Cómo ha visto el gobierno Santos?

 

Ha sido un muy buen gobierno y está haciendo las cosas bien. Ha introducido rectificaciones muy importantes y necesarias, y en lo que a mí tiene que ver y en lo que tiene que ver con el Partido Liberal, nosotros no solamente nos sentimos cómodos sino que lo apoyamos y somos parte de él.

 

Por cierto, su hijo Simón será el próximo presidente de la Cámara…

 

No tengo mucho que opinar al respecto. Me alegra que sea presidente de la Cámara, pero él tiene su propia vida política y en ningún momento ha dependido de su papá ni creo que se vaya a poner en esa situación. Él ha hecho una carrera independiente y, desde el punto de vista personal, me alegra que llegue más joven que yo a tal dignidad.

 

¿Ve manos negras queriendo torpedear la labor del presidente Santos?

 

Para ser más preciso, creo que en este país sí hay unos sectores de ultraderecha que quieren obstaculizar y que ya pueden estar obstaculizando, por ejemplo, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Yo no puedo interpretar al Presidente pero sí puedo decir que hay sectores de la derecha que se oponen a que esas nuevas normas se apliquen cabalmente en la sociedad colombiana.

 

Usted habló hace poco de la reunificación liberal ¿es posible?

 

Es posible, pero no creo que sea imprescindible ni totalmente necesario. Lo veo como una cosa conveniente, pero entiendo que en la agenda del presidente Santos no es un tema que tenga prelación. Ese es un proceso que va a ser largo, si es que se va a dar. No creo que haya grandes diferencias ideológicas entre los sectores que surgieron en el gobierno del presidente Uribe, pero no quiero entrar en ese tema porque eso es algo que tienen que juzgar Cambio Radical y el Partido de La U.

 

Claro que si el objetivo es que el liberalismo vuelva al poder, sin duda sería importante la reunificación…

Nosotros somos parte de un gobierno que, sentimos, cumple muy bien los objetivos del Partido Liberal.

O sea que para usted, el presidente Santos sí está gobernando con las ideas liberales…

Sin duda. No puedo decir que cada cosa que hace sea liberal, pero la Ley de Víctimas es de origen liberal, interpreta total y cabalmente lo que los liberales pensamos hoy y lo que históricamente hemos pensado

 

¿Cuándo va a volver a la política activa?

 

Espero que no, pero tampoco tengo un compromiso de nunca volverlo a hacer. En el momento que yo crea que pueda ser de utilidad o quwe puede ser muy necesario, lo consideraré.

 

¿Usted tiene Twitter?

 

No tengo. No vivo metido en las redes sociales y me informo de otra manera. Leo sistemáticamente noticias y creo en las noticias de los medios escritos. Veo poca televisión, oigo radio, pero fundamentalmente me informo por noticias escritas de Colombia y de todo el mundo.

 

¿Y qué opina de quienes han convertido Twitter en una tribuna política?

 

Cada cual lo puede hacer. Yo no lo hago, pero respeto a quien lo quiere hacer. No me parece que eso sea ilegítimo.

 

Trazo de nueva Carta

Por: Elespectador.com

El proceso que llevó a Colombia a la Constitución de 1991 dejó un intenso debate público que quedó consignado en los archivos de los medios de comunicación.

Más imágenes de esta galeria

  

Séptima papeleta (4 de marzo de 1990)

Ante el fracaso de la reforma constitucional por la vía del Congreso en 1989, los estudiantes universitarios impulsaron la séptima papeleta. Así registró el maestro Osuna el momento en que empezó a tambalear la Carta que moldeó Rafael Núñez en el año 1886.

 

Gente joven (11 de marzo de 1990)

Durante las elecciones del 11 de marzo de 1990, los colombianos que llegaron a las urnas recibieron la séptima papeleta por la Constituyente. La Registraduría no estaba obligada a escrutarla. Fue un plebiscito de opinión sin validez jurídica.

 

Los revolcosos (14 de octubre de 1990)

Después del fallo de la Corte que dio vía libre a la Constituyente en octubre de 1990, el llamado kínder de Palacio, entre otros integrado por Fernando Carrillo, Manuel José Cepeda y Miguel Silva, junto al presidente Gaviria, fue el primer triunfador.

 

Para el dolor de muelas (10 de febrero de 1991)

La primera sorpresa de la Asamblea fue la presencia del delegatario indígena Lorenzo Muelas. Con su traje típico, así quedó reseñada su participación, con rol de minoría junto a los delegatarios Jaime Castro y Misael Pastrana Borrero.

 

La selección Constituyente (17 de febrero de 1991)

El técnico de la selección nacional de fútbol, Francisco Maturana, fue elegido Constituyente. Después renunció por sus compromisos deportivos. El trazo de Osuna también lo dejó en la memoria de los elegidos.

 

Las inocentes armas (10 de marzo de 1991)

La guerrilla del Epl entregó sus armas en 1991 y lo hizo después simbólicamente ante la Asamblea. Su máximo comandante, Bernardo Gutiérrez, ofrendó su arma como gesto de paz ante la Constituyente.

 

La preguerra (7 de abril de 1991)

Dos peleas de fondo fueron la revocatoria del Congreso y la creación de la Corte Constitucional. Los dos momentos fueron recogidos en esta caricatura de Osuna, donde el presidente del Congreso Aurelio Iragorri hace su reclamo y el presidente de la Corte Suprema Pablo Cáceres, el suyo. Entre los dos, el magistrado Jorge Carreño, presidente de la Corte que dio vía libre a la Constituyente.

 

Una actitud erguida (16 de junio de 1991)

En medio de los debates de la Asamblea, renunció a su condición de delegatario el expresidente Misael Pastrana, quien así demostró su desacuerdo con el rumbo de la reforma.

 

La pragmática sanción (14 de julio de 1991)

Después de sancionada la Constitución surgió el debate de que no se hizo sobre un texto válido. Así lo representó Osuna con su actitud crítica a este proceso.

 

Cepedín derrumbó a Núñez (31 de diciembre de 1991)

En su resumen del año, Héctor Osuna representó así cómo el consejero presidencial Manuel José Cepeda fue clave para reformar la centenaria Carta política de 1886.

 

. Séptima papeleta (4 de marzo de 1990)

Ante el fracaso de la reforma constitucional por la vía del Congreso en 1989, los estudiantes universitarios impulsaron la séptima papeleta. Así registró el maestro Osuna el momento en que empezó a tambalear la Carta que moldeó Rafael Núñez en el año 1886.

 

Areandina.edu.co

Una controversia de dos facetas, la de quienes defendieron con argumentos la Carta Política de 1886 y la de quienes impulsaron la opción de una nueva Constitución que renovara las instituciones democráticas.

 

Desde los días de la séptima papeleta, promovida por los estudiantes, hasta la proclamación de la nueva Constitución, la polémica fue el pan de cada día. La revocatoria del mandato del Congreso, el retiro del expresidente Misael Pastrana de la Asamblea, la prohibición de la extradición de nacionales, no hubo un solo tema que no fuera discutido en instancias públicas y privadas.

No todos quedaron conformes. Por el contrario, hay muchos colombianos que siguen pensando que la retocada Carta Política de 1886 no necesitaba tantos cambios. Pero a la hora de los balances, la implementación de los mecanismos de participación ciudadana o la delimitación de los estados de excepción, entre otros cambios, demostraron que se necesitaba un nuevo aire.

Entre los principales observadores de ese proceso estuvo el maestro Héctor Osuna, quien con su talentoso trazo en El Espectador dejó constancia de su mirada independiente. Sus caricaturas hoy también hacen parte de la memoria de esa Colombia de finales de los años 80 y principios de los 90 que cambió su Carta Política por una urgencia de paz que no llegó.

 

 

Séptima papeleta

 

Ante el fracaso de la reforma constitucional por la vía del Congreso en 1989, los estudiantes universitarios impulsaron la séptima papeleta. Así registró el maestro Osuna el momento en que empezó a tambalear la Carta que moldeó Rafael Núñez en el año 1886.

 

Gente joven

 

Durante las elecciones del 11 de marzo de 1990, los colombianos que llegaron a las urnas recibieron la séptima papeleta por la Constituyente. La Registraduría no estaba obligada a escrutarla. Fue un plebiscito de opinión sin validez jurídica.

 

Los revolcosos

 

Después del fallo de la Corte que dio vía libre a la Constituyente en octubre de 1990, el llamado kínder de Palacio, entre otros integrado por Fernando Carrillo, Manuel José Cepeda y Miguel Silva, junto al presidente Gaviria, fue el primer triunfador.

 

Para el dolor de muelas

 

La primera sorpresa de la Asamblea fue la presencia del delegatario indígena Lorenzo Muelas. Con su traje típico, así quedó reseñada su participación, con rol de minoría junto a los delegatarios Jaime Castro y Misael Pastrana Borrero.

 

La selección Constituyente

 

El técnico de la selección nacional de fútbol, Francisco Maturana, fue elegido Constituyente. Después renunció por sus compromisos deportivos. El trazo de Osuna también lo dejó en la memoria de los elegidos.

 

Comienza racha de plebiscitos

 

La fuerza mayoritaria en la Constituyente fue la Alianza Democrática M-19. Por eso, uno de sus presidentes fue Antonio Navarro. Así recordó Osuna sus tiempos como guerrillero.

 

Las inocentes armas

 

La guerrilla del Epl entregó sus armas en 1991 y lo hizo después simbólicamente ante la Asamblea. Su máximo comandante, Bernardo Gutiérrez, ofrendó su arma como gesto de paz ante la Constituyente.

La preguerra

 

Dos peleas de fondo fueron la revocatoria del Congreso y la creación de la Corte Constitucional. Los dos momentos fueron recogidos en esta caricatura de Osuna, donde el presidente del Congreso Aurelio Iragorri hace su reclamo y el presidente de la Corte Suprema Pablo Cáceres, el suyo. Entre los dos, el magistrado Jorge Carreño, presidente de la Corte que dio vía libre a la Constituyente.

 

Una actitud erguida

 

En medio de los debates de la Asamblea, renunció a su condición de delegatario el expresidente Misael Pastrana, quien así demostró su desacuerdo con el rumbo de la reforma.

 

La pragmática sanción

 

Después de sancionada la Constitución surgió el debate de que no se hizo sobre un texto válido. Así lo representó Osuna con su actitud crítica a este proceso.

 

Cepedín derrumbó a Núñez

 

En su resumen del año, Héctor Osuna representó así cómo el consejero presidencial Manuel José Cepeda fue clave para reformar la centenaria Carta política de 1886.

 

LA PLUMA DE GARCÍA MÁRQUEZ EN LA CONSTITUCIÓN

 

Por: Humberto de La Calle

 

Esta crónica revive los hechos que tuvieron lugar hace dos décadas en el Hotel Tequendama, centro de operaciones de los delegatarios que le dieron vida.

 Es muy poco conocida la intervención de Gabriel García Márquez en la elaboración de la propuesta constitucional del Gobierno. Por petición suya, le enviábamos copias de los borradores del proyecto del gobierno. No solo se interesó en la redacción, sino que expuso sus juicios en notas manuscritas al pié del los documentos.

Al ver la propuesta de Preámbulo y enfrentar la discusión sobre la mención de Dios en el mismo, García Márquez propuso que se dijera que la Constitución se expedía “en nombre de todos los Dioses de Colombia”. Esta iniciativa fue recogida por los grupos indígenas.

Nuestra propuesta sobre el Derecho a la Vida rezaba así: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. En ningún caso se impondrá la pena de muerte. La ley que garantice el derecho a morir dignamente y a disponer de los órganos del propio cuerpo respetará la voluntad de la persona”.

El Maestro, por su parte, sugirió una fórmula maciza: “La vida es el derecho esencial del ser humano”. Sobre la naturaleza de ese derecho, hubo intensa discusión en la Comisión Primera, especialmente a instancias de Alberto Zalamea.

En cuanto al derecho a la información, ni nuestro proyecto, ni la Constitución, contienen una fórmula tan vigorosa como la que imaginó el Nobel: “El derecho a la información es inherente a la persona humana”. Y para justificar tales palabras, puso a mano esta expresión, en la cual pesa tanto el desafío como la ironía socarrona: “Si quieren democracia, hay que correr los riesgos”.

Cuando en el derecho de petición sugerimos mantener la redacción anteriormente vigente, que alude a la presentación de peticiones respetuosas a las autoridades, García Márquez recomendó eliminar la expresión “respetuosas”, con la admonición de que no es válido “desconfiar tanto de la gente”. Tenía razón.

Vino luego el derecho a la protección de la maternidad. Utilizamos la expresión plural para hacer referencia al derecho de “las madres” a gozar de una licencia remunerada. Y agregamos: “La ley podrá extenderla a los padres”, a lo cual el Maestro replicó sugiriendo la utilización del singular, para evitar el chiste inevitable relacionado con la concurrencia de diversos padres en una sola gestación. Agregó algo que, además, tiene validez universal: “Lo peor que le puede pasar a una Constitución es que la mamen gallo”. Sabia sentencia, no sólo en aquellos aspectos permisivos o favorables, sino también en las disposiciones dirigidas a afirmar la autoridad del Estado.

 

Fui yo el que propuso que se incorporara la noción de plusvalía en la redacción del Derecho a la Vivienda Digna, como figura destinada a evitar la aberración todavía existente que permite al dueño de un lote de “engorde” lucrarse inmerecidamente.  Creo que es una idea que tiene un inmenso fondo de equidad y un gran potencial en el desarrollo urbano.

Pues bien, el Maestro descalificó, no la idea, sino el término plusvalía, porque era “marxista, técnico y feo”.

En el Derecho a la Cultura nos sugirió una primera frase concisa y densa: “La creación cultural y su difusión son libres”. Y la justificó así: “Hay que empezar con un mazazo en la cabeza como Kafka: Gregorio Samsa se despertó esta mañana convertido en un monstruoso insecto”.

En lo conceptual adelantó ideas de variada índole, tales como la prohibición absoluta de la reelección presidencial, el voto obligatorio y la edad de 16 años para el reconocimiento de la ciudadanía, pero estas dos últimas acompañadas de un visible signo de interrogación como si se tratara de una simple invitación a la meditación.

Donde fueron más feraces sus relaciones con el Gobierno fue en el terreno de la paz. Por aquella época, era un tema que trataba casi a diario con César Gaviria. Se sabía, además, de intensas gestiones suyas con agrupaciones, personalidades y gobiernos extranjeros. Esa ferviente devoción por la paz fue objeto, también, de una propuesta de artículo. Nos sugirió este texto: “La paz es condición esencial de todo derecho y es deber irrenunciable de los colombianos alcanzarla y preservarla”.

Mucho mejor esta propuesta que el artículo finalmente aprobado, según el cual “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Recuerdo que me opuse a este artículo.  Mi argumento se refería al temor de que ese tipo de formulaciones gaseosas, terminaban generando una especie de degradación retórica de los derechos, enfermedad que ya padecía la Constitución del 86.

Dije: ¿A qué tipo de derecho se alude? ¿Es un derecho de aplicación inmediata? ¿Puede un colombiano acudir, de manera directa, a un juez para que le garantice ese derecho a la paz? ¿Cómo sería la tutela para la protección de la paz como derecho?

Uno de los proponentes del artículo, Diego Uribe Vargas, saltó encolerizado y me dio una reprimenda de padre y señor mío. Su argumentación era facilista: el Gobierno mira la paz con desdén. Pese a ello, sigo creyendo lo mismo que en ese momento. En la sesión del primero de abril repetí la idea con mayor precisión técnica: La paz no es un derecho “generador de un poder subjetivo de alguien, de tal manera que haya una obligación que se constituye en un correlato inseparable y esencial de la expresión....rodeado de unos elementos técnicos de protección, sin lo cual entramos nuevamente en el manejo que yo he calificado como retórica de los derechos”.

Más tarde, cuando la Constituyente había comenzado sus deliberaciones, se propuso insistentemente, con el beneplácito y el auspicio del Gobierno, que García Márquez tomase a su cargo la revisión final del texto aprobado. Es también lastimoso que las marchas forzadas que se hicieron necesarias al final del período de deliberaciones, para evitar vicios que destruyeran la Constitución, dado el plazo perentorio e inamovible, hubiesen privado al país de esta ayuda.

 

MAL HECHA, MAL REMENDADA

 

Por: Juan Gabriel Gómez

 

La Constitución dejó sentadas las bases del sistema electoral de hoy.

 Uno puede evaluar la Constitución de 1991 apelando a varios criterios. Uno de ellos es la garantía de los derechos de las personas. Sin duda, comparada con la Constitución de 1886, la del 91 ha dado lugar a una transformación positiva. Los derechos son poderes en manos de los ciudadanos y guía para el porvenir. No es vano el símil que sugiere que la Carta de derechos es nuestra carta de navegación. Sin embargo, el barco que salió de los astilleros de la Constituyente quedó mal hecho. Sigue a flote. No ha servido para realizar la trayectoria de cambio de la sociedad. Me refiero al sistema electoral y al Congreso.

El sistema electoral determina el sistema de partidos y son los partidos los que hacen funcionar al Congreso. El Congreso debería haber desarrollado el contenido progresista de la Constitución. Si no lo ha hecho es por causa de la misma Constitución, a cuenta de un diseño institucional desacertado. O, para decirlo en el lenguaje del teatro: si el papel que le hemos dado es el de Lady Macbeth, no le pidamos a Porcia que contenga su abyecta ambición.

Uno de los principales objetivos del cambio constitucional era hacer a la democracia más incluyente. El Frente Nacional sirvió para pacificar sectarismos, pero su legado fue el de una “democracia” excluyente. La tarea de los constituyentes era modificar las reglas de juego de la política para que nuevas fuerzas se incorporaran al sistema y para que se tramitaran grandes propuestas de cambio económico y social. Si éste es el rasero, la conclusión sólo puede ser una: la Constitución de 1991 quedó mal hecha y ha sido mal remendada.

Uno de los peores vicios de la dinámica política colombiana han sido las microempresas electorales. El diseño institucional de 1991  acendró la mecánica clientelista. Hasta el 2006, cuando se aplicaron las reglas de la reforma política de 2003, la mayoría de los senadores obtuvieron su curul a punta de residuos. Pocos tenían el mérito de haber entrado al Congreso con un número superior al  cuociente electoral. Este es un hecho que no habla mal de los políticos sino de las reglas que buscan organizar la competencia electoral.

Las grandes novedades de la reforma del 2003, el umbral y la cifra repartidora, fueron puestas en vigor gracias a un acuerdo que incluyó una institución que borra con el codo lo que se hizo con la mano. El voto preferente ha mantenido intacta la dinámica de personalización de la relación entre electores y elegidos. La feria de avales y la operación avispa fueron sustituidas por instituciones que, en teoría, deberían obligar a los partidos a actuar más concertadamente. Hasta cierto punto, este objetivo se ha logrado.

La competencia de todos contra todos, incluidos los del mismo partido, sigue siendo tan despiadada como antes. Aunque los esfuerzos de los candidatos terminan por sumarse a los del partido, el incentivo que tiene cada uno es lograr que los electores voten por ella o él. Si esta es la dinámica electoral, resulta ingenuo esperar que los elegidos abandonen la práctica de cultivar adhesiones personales, a despecho de objetivos colectivos y de una formulación más racional de políticas públicas.

A la necesidad de asignar recursos a la guerra interna y al proyecto de modernización neoliberal, se les puede achacar buena parte del déficit institucional en materia de justicia social. Pero no es menos cierto que la falta de disciplina de los partidos y el premio a las dinámicas personalistas en el trámite de las leyes y la asignación del gasto son obstáculos para la promoción del crecimiento y la búsqueda de la equidad.

La captura de rentas, esto es, la manipulación de regulaciones legales para obtener beneficios restringiendo la competencia y la productividad, así como la corrupción política y administrativa, son consecuencias perversas de este sistema. El activismo de la Corte Constitucional también lo es. Si la democracia funcionara como debería, no se recurriría tan frecuentemente a la intervención de la aristrocracia de la toga para enmendar la plana a los congresistas.

En materia de inclusión, no son los únicos defectos de la Constitución de 1991. Generosa con los derechos, la Constituyente fue tímida en materia de deberes. Le tembló la mano para introducir el voto obligatorio, institución que habría contribuido a corregir los altos niveles de abstención electoral. Baja participación electoral y dinámica partidista personalizada explican una legislación social y económica de exenciones y favoritismos y, también, de nulo contenido redistributivo. La desigualdad en Colombia tiene varias causas, pero una de ellas son sus instituciones políticas.

Si me pusieran a escoger, a cambio de la mitad de la jurispudencia de la Corte, aceptaría un código tributario claro y efectivo; una ley de presupuesto que los ciudadanos entendiéramos y fuese de fácil fiscalización y control; y un régimen de servicio y de contratación más transparente. La otra mitad seguirá siendo necesaria porque los derechos fundamentales no pueden quedar al vaivén de las mayorías. Con esta elección, echaría por la borda el fetichismo constitucional. Lo haría a cambio de un sistema de representación política que cumpliera la tarea de hacer de este país menos injusto de lo que es.

 

CONSTITUCIÓN CONSERVADORA (II)

Por: Cristina de la Torre

 

Difícil cantar hoy el aleluya que hace 20 años bautizó entre lágrimas la Constitución que auguraba paz y patria para todos.

Si agridulce el balance en política, amargo resulta en economía: la Carta del 91 fue instrumento del revolcón neoliberal que no cesa. El hálito socialdemocrático le vendría de su porción intervencionista, que entresacó de la Constitución de 1968. Mas en esta equívoca amalgama de disposiciones y valores opuestos, la exaltación de la libre competencia a rango de derecho fundamental obró con eficacia ejemplar: extremó hasta el escándalo la concentración de la riqueza. El principio igualitario fue más arabesco que mandato, y el Estado social, letra débil. Tampoco lo que había era la panacea, claro. Pero allí donde sobrevivió el núcleo del modelo industrializador, nació una estrella: Brasil.

El jurista Luis Carlos Sáchica dibuja el espinazo de aquel  modelo de Estado, entonces responsable de la dirección general de la economía, con vistas al desarrollo edificado sobre la justicia social (Economía Colombiana No. 208). El Estado puede monopolizar sectores económicos de interés general: política fiscal, seguridad nacional, servicios públicos, promoción del desarrollo económico. Por razones de  utilidad pública, para impedir el enriquecimiento sin causa y la concentración de la propiedad, podrá expropiar a particulares, sin indemnización. También podrá manejar empresas de interés social. O asociarse con particulares en fórmula de economía mixta. Formas de intervención del Estado que  respetan, no obstante, la libertad de empresa y de mercado, si ésta no riñe con el bien común.

La intervención sobre el Banco de la República y las instituciones financieras era potestativa del presidente. Con la nueva Carta desaparece la facultad de intervención del gobierno en el ahorro. Y las de inspección y vigilancia sobre este sector crucial de la economía, se ven obstaculizadas por la ley. Toda norma de control sobre la economía obra hoy como camisa de fuerza que rompe en la práctica con la tradición intervencionista practicada desde 1936. El Estado perdió, pues, la facultad de intervenir la banca y vio menguada su capacidad para vigilarla. Pero, sobre todo, se le arrebataron los fondos de fomento del desarrollo. Por su parte, la planificación, método excelso de intervención, quedó reducida a agregado mecánico de partidas presupuestales sin divisa estratégica. No se interviene ahora para propiciar el desarrollo industrial y agropecuario sino para garantizar el libre mercado, así éste se resuelva en monopolios privados.

Dificultades y errores de aplicación debilitaron este modelo que los Lleras prohijaron en la década de los 60, hay que decirlo. La concertación con los gremios para planificar la economía no logró sacudirse del todo el fardo  oligárquico que venía de muy atrás. A los empresarios beneficiados con protección y subsidios no se les exigió contraprestación en productividad y calidad de sus productos. Pero hubo talanqueras formidables que frustraron la opción del desarrollo: se abandonó  el Grupo Andino como mercado ampliado para producir en grande, ensanchar la gama de las exportaciones y construir una trinchera de países hermanos desde donde pudiera negociarse una inserción decorosa en la economía mundial. La siempre beligerante extrema derecha sepultó, otra vez, la reforma agraria. Los partidos empeñaron su vocación de lucha en el amancebamiento del poder. Luego vendría la estocada letal, el modelo neoliberal, incrustado en la entraña misma de la Constitución que hoy celebramos. Ni epifanía, ni coro de júbilo. Lejos de mejorar la condición de vida de las mayorías, esta Carta  contribuyó más bien a degradarla. Acaso sea hora de corregir el rumbo; de mirar con distancia tanta floritura igualitaria devorada por el torbellino del mercado.

 

LA CONSTITUCIÓN EN PERSPECTIVA (I)

 

Por: Rodrigo Uprimny

 

A sus 20 años, la constitución de 1991 ha demostrado ser el más importante pacto social y político de ampliación democrática y modernización institucional de las últimas décadas.

Obviamente tuvo errores y muchas de sus promesas no han sido cumplidas, pero logró avances democráticos indudables, tanto por la forma como fue adoptada como por su contenido y sus desarrollos.

Nuestras otras constituciones fueron “cartas de batalla”, como las llama Hernando Valencia Villa, pues resultaron de la victoria hegemónica de una de las fuerzas en contienda. Por ejemplo, la de 1863 fue expresión del dominio del radicalismo liberal, mientras que la “Regeneración” conservadora triunfante adoptó la autoritaria constitución de 1886.

Estas constituciones, impuestas por el bando vencedor, difícilmente podían ser pactos de convivencia. Si la de 1886 logró ser longeva, esto se debió a que las claves reformas de 1910 y 1936 moderaron su autoritarismo intolerante y le dieron un sentido más incluyente y nacional.

El proceso constituyente de 1990 y 1991 fue muy distinto. Colombia vivía un momento de violencia y crisis institucional muy graves, debido al asesinato de cuatro candidatos presidenciales, las masacres de los paramilitares, la persistencia de los ataques guerrilleros, los miles de asesinados y desaparecidos y las bombas de los extraditables. La tasa de homicidio llegó a 70 por 100 mil habitantes, su nivel más alto en los últimos 50 años.

Hubiera sido fácil ceder a la tentación autoritaria: restringir aún más la ya limitada democracia colombiana y persistir en el uso permanente del estado de sitio. Algunos líderes tradicionales recomendaron esa vía y propusieron incluso una especie de dictadura civil.

Pero afortunadamente el desarrollo fue distinto, pues progresivamente se logró un consenso sobre una asamblea constituyente como pacto político de ampliación  democrática, entre fuerzas políticas y sociales muy diversas y que en décadas anteriores habían estado enfrentadas.

Así lo entendieron los sectores más lúcidos y modernos de las élites económicas y de los partidos tradicionales, que vieron que era necesaria una renovación profunda, pues la crisis de legitimidad era muy seria. Las guerrillas desmovilizadas vieron en el proceso constituyente la oportunidad de lograr la ampliación democrática por la cual habían luchado. Otras fuerzas sociales, que en el pasado habían tenido una participación política débil en el sistema político, como los indígenas, las mujeres, entre otras, también apoyaron la opción constituyente, como un escenario importante para hacer avanzar sus reivindicaciones.

El camino a la constituyente no fue fácil. Había que materializar ese consenso social, que era amplio pero difuso. El movimiento estudiantil y los gobiernos Barco y Gaviria jugaron un papel catalizador y articulador indudables.  Además, había obstáculos jurídicos importantes, pero la Corte Suprema, que realizaba el control constitucional, estuvo a la altura y dio piso a la Constituyente. Finalmente, las elecciones de diciembre de 1990, aunque no masivas, fueron esenciales, ya que  eligieron un cuerpo pluralista y diverso, en donde ninguna fuerza era hegemónica y por ello actuaron privilegiando el consenso. Este fue posible pues en el fondo, debido al proceso mismo de la constituyente, todas las fuerzas tendieron a coincidir tácitamente en el mismo diagnóstico: la crisis de la precaria La Asamble Constituyente de 1991 fue entonces expresión de ese consenso pluralista de ampliación democrática.  Era pues natural que su producto, la Constitución de 1991, también tuviera ese sello, como lo analizaré en otras columnas.

 

EL NUEVO SIGLO

 

PROTECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO NO DEBE VIOLAR DERECHO AL TRABAJO

 

El alto Tribunal dictaminó que se deben ofrecer programas de reubicación para los vendedores ambulantes, antes de desalojarlos.

La encrucijada que siempre han tenido las administraciones municipales de darle prevalencia a la protección del espacio público, establecido en la Constitución, o al derecho al trabajo de los vendedores ambulantes, fue resuelto por la Corte Constitucional, al darle prevalencia al principio de la confianza legítima.

Según el alto Tribunal, este principio cobra vigencia cuando las administraciones ofrecen programas de reubicación a los vendedores ambulantes, antes que proceder al desalojo.

“La tensión existente entre la necesidad de proteger el espacio público, como deber constitucional y legal del Estado, y la realización del derecho al trabajo de quienes desarrollan actividades comerciales en este, con la convicción, fundada en las acciones u omisiones de las autoridades públicas, de que su actuar es acorde con el ordenamiento, se concilia gracias a la aplicación del principio de confianza legítima, el cual, si bien no confiere un derecho adquirido para permanecer en él, sí obliga a la administración a ofrecer programas de reubicación”, expuso la alta Corte.

Según el alto Tribunal, “el ejercicio de las potestades administrativas, en orden a recuperar el espacio público, debe guardar armonía y observar los demás mandatos constitucionales, especialmente, el respeto por los derechos fundamentales de quienes puedan resultar afectados por esas actuaciones. Por esa razón, cualquier plan o política de recuperación del espacio público que adelanten las autoridades, que implique limitación de derechos para las personas que, como se ha venido señalando, desarrollan actividades informales en el mismo, para percibir recursos que les permitan subsistir, debe tener previstas medidas alternativas que las protejan”.

El caso específico tiene que ver con una tutela que interpuso una vendedora ambulante contra la Alcaldía de Cali, con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, a un mínimo vital y a la confianza legítima, presuntamente vulnerados, como consecuencia de las acciones administrativas adelantadas por dichas entidades para recuperar el espacio público.

Después de analizar la situación, “la Sala concluye que las actuaciones adelantadas por el Municipio de Santiago de Cali encaminadas a recuperar el espacio público vulneran los derechos fundamentales al trabajo y a un mínimo vital de la señora Lidia Quiñónez Cabezas, al desconocer que ésta se encuentra amparada por el principio de confianza legítima, ello por cuanto en sus manifestaciones la administración afirma que tiene la facultad de retirar de forma inmediata a todo aquel que no esté autorizado por ella para ocupar el espacio público, sin tener en cuenta que, según la jurisprudencia constitucional, también son beneficiarios del principio de confianza legítima quienes, como en el caso de la accionante, venían desarrollando actividad comercial en el espacio público previamente a la adopción de la decisión de la administración de recuperarlo, siempre que la ocupación haya sido consentida o tolerada por las autoridades estatales, lo que en este caso se cumple, en la medida en que la demandante comenzó a ejercer su actividad de vendedora informal aproximadamente en el año 1983 y las actuaciones adelantadas por la administración de Santiago de Cali, por las cuales se pretende recuperarlo, datan del año 2009”.

En consecuencia, la Sala de Revisión de la Corte, que examinó la tutela, revocó la providencia del juez de instancia, por la cual se negó la protección y, en su lugar, tuteló los derechos fundamentales de la tutelante al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso y ordenó a la entidad que, en el término de cinco días, le ofrezca un plan que contenga medidas adecuadas, necesarias y suficientes para reubicarla en un lugar en el que pueda ejercer una actividad productiva, acorde con el ordenamiento jurídico. Además, advirtió a la autoridad demandada que, “en un término máximo de 30 días, contados desde la notificación de esta providencia, deberá haberla reubicado efectivamente, en condiciones idóneas para que pueda continuar trabajando”.

 

HOY CONFORMARÍAN TERNA PARA GERENTE JUDICIAL

 

Próxima semana se le vence el período a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, otorgado por la Corte Constitucional, para que escoja los nombres.

 

Vuelve y juega, hoy por tercera vez, en un proceso que va cumplir ya dos años, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial intentará seleccionar otra terna para el director ejecutivo de la Rama.

Como se recordará, la Corte Constitucional le ordenó a la Comisión, rehacer la terna, al revisar una tutela, interpuesta por uno de los participantes en el concurso que abrió el Consejo Superior de la Judicatura para adelantar la elección del gerente de la Rama, alegando que los escogidos para integrar la terna no cumplían con los requisitos exigidos en la ley.

En segunda instancia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura había acogido los argumentos de la tutela y le había ordenado a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrada por los presidentes de las altas Cortes, el Fiscal General y un representante de los funcionarios y trabajadores judiciales, rehacer la terna. Conforme a esta orden, la Comisión Interinstitucional, con algunas demoras, diseñó una nueva terna y la envió a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que es la competente para hacer la elección.

Posteriormente, mediados de diciembre pasado, la Corte Constitucional avocó la revisión de la tutela en mención, le ordenó a la Sala Administrativa detener el proceso de elección, y a principios de mayo le ordenó a la Comisión Interinstitucional en un plazo, no mayor a 30 días hábiles, rehacer la polémica terna.

Para dar cumplimiento al fallo, el dos de junio pasado, la Comisión abrió la convocatoria para todos aquellos que estuvieran interesados en desempeñar la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, encargada de manejar el presupuesto que anualmente el Gobierno le gira a la Rama.

Dicha convocatoria se cerró el pasado 13 de junio, en la que resultaron inscritas 50 personas, y 15 fueron descartadas por no cumplir los requisitos exigidos en la Constitución y la ley. En esta última lista fueron descartados en su gran mayoría, por no tener acreditada la maestría exigida por la ley, o por no aportar la cédula.

Entre los inscritos se encuentran Juan Carlos Abuabara Eljaude, quien fue el que interpuso la tutela contra la primera terna conformada, Juan Carlos Yépes Alzate, quien ejerció como gerente judicial hasta agosto del 2009, cuando inició el proceso que actualmente no culmina, y el actual director ejecutivo encargado, Carlos Ariel Useda Gómez.

La Comisión Interinstitucional tiene plazo hasta la próxima semana para escoger los tres nombres, que finalmente enviará a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que elija el próximo gerente de la justicia en propiedad.

La controversia en la elección del gerente inició a finales del 2009 cuando la Sala Administrativa se opuso a votar por la terna original al presentar objeciones contra las calificaciones de los postulados.

Este hecho hizo que se dilatara aún más el proceso, y se configuró un tire y afloje entre la Comisión Interinstitucional y la Sala Administrativa, pues mientras la primera se mantenía en no cambiar la terna, la segunda se oponía a votar si no era modificada, hasta que fue interpuesta la tutela.

La Comisión no quería cambiar la terna, pues había sido escogida por los presidentes de las altas Cortes del 2009 y los dignatarios del 2010 habían adquirido el compromiso de sus antecesores de no realizar cambios en la misma.

No obstante, una vez fue escogida la nueva terna, integrada por Juan Carlos Abuabara Eljadue, Ernesto Orlando Benavides y Carlos Ariel Useda Gómez, algunos señalaron que no cumplía con la ley cuota de género.

 

REVISTA SEMANA

 

¿CAMBIÓ COLOMBIA?

 

De los tres copresidentes, solo Horacio Serpa venía del Partido Liberal. Antonio Navarro, del M-19, y Álvaro Gómez, de Salvación Nacional, estaban en contra del bipartidismo.

Luego de 20 años, la Constitución del 91 ha dejado muchas más cosas buenas que malas. Colombia es más moderna, democrática y plural. La pregunta es si este es un mejor país a pesar de que no se ha erradicado la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico y la desigualdad.

Meterle mano a la Constitución ha sido un deporte nacional. La Carta del 91 ya ha sido cambiada casi treinta veces y la de 1886, al final, era una colcha de retazos que se parecía muy poco al texto original de Caro y Cuervo.

Pero si en algún momento de la historia hubo una necesidad real de replantear las reglas del juego de la democracia fue a comienzos de la década de los noventa. Fue un momento histórico signado por la violencia y el terror, en el que el sistema político estaba haciendo agua y la lucha armada no tenía sentido luego de la caída del Muro de Berlín. Pablo Escobar ponía bombas a diestra y siniestra, tres candidatos presidenciales fueron asesinados: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, pero al mismo tiempo varios grupos guerrilleros, como el M-19 o el EPL, decidieron hacer la paz.

Era claro que se necesitaban grandes reformas, pero las instituciones encargadas de llevarlas a cabo tampoco respondían. Había un bloqueo institucional y político que estaba asociado al dominio electoral del bipartidismo liberal-conservador durante un siglo y medio. Hacia 1990, estos partidos habían perdido prestigio y su capacidad de representación había naufragado. El magnicidio de Galán fue la chispa del cambio. Las nuevas generaciones, lideradas por los estudiantes de la séptima papeleta, salieron a marchar y pedían a gritos un cambio.

Todo lo anterior condujo a que un país conservador en cuanto a su apego a las instituciones se embarcara en la aventura que terminó con una nueva Constitución, aprobada mediante un mecanismo prohibido por las normas vigentes y con el cierre del Congreso. Un trámite solo explicable por el difícil momento que atravesaba el país. Y que adoptó el lema de 'La Constituyente es el camino', con la ilusión colectiva de que con ella Colombia quedaría mejor construida y que sus principales problemas encontrarían, por fin, una solución.

Ese pacto social consignado en la Constitución sentaría las bases para la paz, que en ese momento se interpretaba como el fin del narcoterrorismo y la negociación con las Farc y el ELN. También había una convicción generalizada de que el ejercicio de la política mejoraría por tres razones: el reemplazo del bipartidismo por un régimen que permitiera una expresión de fuerzas plurales, el reemplazo de la 'democracia representativa' por una 'democracia participativa' y la elección de un nuevo Congreso bajo las nuevas reglas de juego introducidas en la Constitución. En el aspecto social, el país incluyente vincularía en sus decisiones de gobierno a los grupos minoritarios de toda índole y de esa manera distribuiría mejor sus recursos y sus esfuerzos para garantizar el bienestar. Y la nueva Carta de derechos, moderna y exhaustiva, formaría un nuevo ciudadano con mejores condiciones para participar en la vida pública.

La celebración de los primeros veinte años de la Constitución del 91 ha estado rodeada de una paradoja. Por una parte, más que un debate analítico sobre los alcances y resultados de la Carta, se ha dedicado a una conmemoración que lleva implícita la idea de que la Constitución ha sido positiva. Criticarla es una incorrección política. Sin embargo, al mismo tiempo existe la sensación de que las enormes expectativas que generó hace dos décadas no se cumplieron y de que la Colombia de 2011 no es mejor que la de 1991. La violencia persiste, la guerrilla sigue echando bala, de poderosos grupos paramilitares pasamos a temidas bandas criminales y el narcotráfico sigue vivito y coleando. Además, la calidad de la política no ha mejorado, la desigualdad se ha incrementado y la mayoría de los colombianos considera que el país va por mal camino.

¿Cómo se explica semejante contradicción? ¿Una buena Constitución puede producir malos resultados? La respuesta no es lo que aparenta y hay que mirar una combinación de factores. Para empezar, hay una percepción exagerada del poder de las normas para modificar la realidad. Es muy colombiano apostarle a que los problemas se solucionan con leyes. A la Constitución del 91 se le han pedido más resultados de los que podía ofrecer, porque una cosa es plasmar objetivos en el papel y otra, muy distinta, llevarlos a la práctica. Lo primero se hace en un momento. Lo segundo requiere años, recursos y buena administración pública. Veinte años suele ser un periodo demasiado breve para evaluar una Constitución. Y lo tercero es que los resultados de la Carta del 91 no se pueden evaluar en blanco y negro, porque tienen matices o están en proceso, o porque su evaluación es positiva o negativa, según la óptica de quien lo juzga.

 

Lo cierto es que, en muchos aspectos, el país posterior a la Constitución ha sido muy distinto al que la precedió. La política cambió. Bajo la nueva normatividad se profundizó la caída de los partidos tradicionales y proliferaron nuevas fuerzas, tal como lo quisieron los miembros de la Asamblea en 1991. La Constituyente -con mayoría de fuerzas distintas a los partidos tradicionales- tenía un espíritu antibipartidista y no es una coincidencia que bajo las nuevas reglas del juego se llegaron a constituir más de sesenta partidos, con su respectiva personería jurídica. De hecho, el Congreso después hizo dos reformas, en 2003 y 2009, para ordenar el panorama y reducir el número de partidos con representación en el Congreso. Pero el fin del monopolio liberal-conservador, que había sido un objetivo explícito en 1991, sí se produjo, y se abrieron oportunidades para fuerzas políticas y sociales muy diversas.

También han operado los mecanismos involucrados en el texto constitucional para juzgar a los congresistas. La impopular inmunidad parlamentaria que regía antes del 91 fue reemplazada por las figuras del fuero -los parlamentarios son juzgados, en una instancia, por la Corte Suprema- y por la figura de la pérdida de investidura, cuyo proceso adelanta el Consejo de Estado. Los dos mayores escándalos políticos de la historia del país -el 8.000 y el de la parapolítica- terminaron con un número de congresistas en la cárcel que posiblemente nunca se habría producido bajo el sistema constitucional anterior. Pero este fenómeno tiene dos caras: mientras los simpatizantes de la Constitución resaltan su poder punitivo, los críticos señalan su impotencia para impedir las prácticas políticas corruptas.

Algo parecido ocurre en la evaluación sobre los resultados de la Constitución en materia de paz. La violencia del cartel de Medellín se empezó a acabar a raíz de la controvertida entrega de Pablo Escobar, justamente el día en que la Constituyente aprobó la prohibición de la extradición de nacionales. El debate sobre la coincidencia de estos hechos no se ha agotado, pero el hecho de que los carro bombas del cartel de Medellín se hayan silenciado -tuvieron un coletazo en los meses transcurridos entre la fuga del capo de La Catedral y su muerte- produjo un alivio del terror generalizado que había causado la guerra del narcotráfico contra la extradición.

En cambio, las expectativas de que el pacto social de la nueva Constitución facilitaría una negociación política con los grupos guerrilleros -en especial con las Farc y con el ELN- no se cumplieron, y en la década de los noventa el país padeció un verdadero baño de sangre con la ofensiva guerrillera y su posterior coletazo con el terror paramilitar.

Sin embargo, la Constituyente del 91 había servido para consolidar los acuerdos de paz con el M-19, el Quintín Lame y el EPL, que ya se habían adelantado sobre la perspectiva cierta de que la nueva Constitución les abriría espacios políticos para nuevas fuerzas. El 'eme' se jugó por la vía electoral aun después del asesinato de Carlos Pizarro, porque consideró que la dinámica política favorecería a las nuevas colectividades.

Además, el proceso constituyente deslegitimó el discurso tradicional de la guerrilla para justificar la lucha armada como única forma supuestamente posible para abrir espacios políticos y para hacer cambios. La paradoja es que, por esa razón, la política de seguridad democrática de los gobiernos de Uribe se llevó a cabo bajo la nueva Carta, con un amplio apoyo ciudadano, y no bajo la anterior, que tenía fama de autoritaria. La razón está en la mayor legitimidad institucional que alcanzó la Constitución del 91.

En muchos aspectos, la nueva Constitución ha tenido que lidiar con realidades diferentes a las que vislumbraban los constituyentes. Durante los años noventa se desbordó el fenómeno del paramilitarismo, alimentado por el narcotráfico y por el poder que alcanzaron las mafias regionales después de los desmantelamientos de los carteles de Medellín y Cali.

Ese escenario no previsto fue a la postre el menos favorable para el proceso de descentralización que introdujo la Constituyente mediante figuras como la elección popular de gobernadores -que se sumó a la de alcaldes, introducida en 1988- y la concentración de las regalías en muchos departamentos con influencia de actores armados ilegales. Tampoco era previsible la bonanza minera y el aumento descomunal de las regalías. No es raro, en consecuencia, que solo hasta la legislatura pasada haya sido posible pasar la Ley de Ordenamiento Territorial que regulará las funciones de las regiones y su relación con el poder central. Redefinir o regular la descentralización, a la luz de las mafias incrustadas en las regiones, es una tarea pendiente. En fin, quizá el tema de redefinir políticamente y económicamente el territorio sea la asignatura pendiente para la próxima década en Colombia.

 En el campo económico no hay consenso sobre si los efectos de la Constitución del 91 han sido positivos o negativos. Que los niveles de pobreza y de desigualdad son alarmantes e insatisfactorios, nadie lo discute. Pero que eso sea culpa de las normas constitucionales es otro paseo. De hecho, hay dos tipos de críticas que se le han hecho a la Constitución, que encierran una alta contradicción. Por una parte, se le culpa de llevar un modelo económico implícito, neoliberal, que ha facilitado el desmonte del Estado en varias actividades, la privatización de servicios esenciales y la concentración de la riqueza. Pero, en otros sectores, se le acusa de haber generado más derechos que obligaciones y haber adoptado principios no sostenibles que a su vez han servido de base para fallos de la Corte Constitucional que imponen una fuerte presión sobre las finanzas estatales.

En este punto también hay que analizar qué buscaron los constituyentes: lo que tenían en mente era un concepto de los derechos que debían ser universales y que no debían depender de consideraciones macroeconómicas. Para muchos, esto equivale a forjar ciudadanos con más derechos que responsabilidades, o a quebrar al Estado, o a generar compromisos inalcanzables. Pero fue un objetivo explícito de la Constituyente, motivado por una concepción progresista del derecho.

A la Constitución no se le pueden atribuir los efectos de las políticas de los gobiernos. La Carta es un marco general dentro del cual distintos presidentes pueden cambiar el rumbo y adoptar modelos ideológicos diversos. La negociación con las Farc y su enfrentamiento contundente, intentados por Pastrana y Uribe, se hicieron bajo el mismo paraguas. Lo mismo se podría decir de la apertura económica de Gaviria y del salto social que intentó Samper. Ninguna Constitución se puede evaluar por el éxito o el fracaso de las estrategias de los gobernantes de turno.

Por eso, más allá de logros y errores concretos, o de resultados cuantificables, el balance del proceso que se inició en 1990 con los entusiastas estudiantes de la séptima papeleta debe hacerse en forma global. Y la conclusión es que dejó más cosas buenas que malas. Si la Constitución del 86 estaba desprestigiada, la del 91 cuenta con un amplio aprecio en los más diversos sectores de la sociedad. Y eso no es poca cosa. Ambas pueden tener el mismo valor legal, y hasta ser menos distintas de lo que se cree. Pero la simpatía hacia la segunda la hace más legítima en términos de su aceptación y acatamiento.

La Carta que hoy rige a los colombianos es percibida como una aliada. Como un instrumento efectivo para alcanzar derechos esenciales a través de instrumentos efectivos, como la tutela. A diferencia de su antecesora, esta Constitución es cercana a la gente porque se acude a ella cuando se necesitan instrumentos de protección de los más débiles. A la hora del balance, la lista de beneficiarios de la Constitución del 91 no está encabezada por los más ricos ni los más poderosos, sino por minorías que han encontrado espacios de expresión y medidas normativas a su favor -los indígenas y los afrocolombianos-, o para combatir la desigualdad -las mujeres-, o para lograr una atención especial -los menores de edad, los discapacitados y los desplazados.

Si algún cambio profundo se ha producido en Colombia en estas dos décadas es que su Constitución ya no está en manos de los políticos, sino de los jueces. La tutela y los fallos de la Corte Constitucional han ido mucho más lejos de lo que habría podido hacer el Congreso en lo que se refiere a decisiones trascendentales que afectan -para bien- la vida cotidiana de las personas. Nuevas tendencias de la sociedad -la composición de la familia, las relaciones de pareja, la diversidad para el ejercicio de la sexualidad- han podido salir a la luz con mejores defensas contra la discriminación arbitraria. La pluralidad de alternativas políticas y religiosas reemplazó a los monopolios del pasado. Colombia es una sociedad más moderna, gracias a la Constitución del 91.

Y eso no significa que ella haya resuelto todos los problemas, ni que la Carta no tenga errores ni tareas pendientes. El país todavía necesita cambios profundos en muchos frentes. Pero cabe la esperanza de que ahora, a diferencia de hace veinte años, las modificaciones no haya que hacerlas en el texto de la Constitución, sino llevarlas a la realidad utilizando los instrumentos que ya existen. Lo cual, así solo sea una hipótesis, es un gran avance.

 

 

LA ANÉCDOTA DE LA REDACCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

 

Por Gabriel Bustamante

 

Augusto Ramírez Ocampo fue presidente del Centro de Estudios Plural y defensor de la Constitución. Falleció el pasado 14 de junio mientras preparaba los discursos conmemorativos de este 4 de julio, cumpleaños de la Carta.

Días antes de su fallecimiento, el constituyente Augusto Ramírez Ocampo concedió una entrevista en la que contó que el texto original de la Carta Política quedó encriptado en un computador. ¿Cómo lo recuperaron?

Días antes de su fallecimiento, la Alianza hecha para conmemorar los 20 años de la Constitución, en la cual participaron varias organizaciones y Semana.com, le preguntó al constituyente Augusto Ramírez Ocampo cuál fue la principal anécdota de la Asamblea Nacional Constituyente. Este puso una risa nerviosa y sobresaltado comenzó a narrar una historia inédita de un impasse durante la elaboración de la Constitución.

 

Aquí transcribimos la historia que nos contó:

 

En la Asamblea fuimos un grupo tan diverso y representativo como jamás se volvió a dar en Colombia. Las posiciones políticas se mezclaron con las miradas académicas, con la sabiduría popular, la cosmovisión indígena, las reivindicaciones sociales, la posición de ex guerrilleros, la energía de la juventud y los discursos de las regiones.

En pocos días, este grupo tan disímil tendría que entregar al país la nueva carta de navegación para entrar al siglo XXI. A esto, súmele que la Asamblea recogió el resultado de deliberaciones en mesas de trabajo a lo largo y ancho de Colombia.

Así las cosas comenzaron los debates, se armaron las comisiones, se elaboraron los proyectos. La deliberación fluyó y el ánimo conciliatorio hizo que el consenso se impusiera por encima de diferencias históricas.

Con gran esfuerzo de síntesis y un arduo trabajo se fue consolidando el texto constituyente. Lo esencial iba tomando forma y cada pedazo de país expresado en la Asamblea se estaba colocando cuidadosamente para darle cuerpo a ese gran proyecto político, jurídico y cultural llamado Constitución Nacional.

 Una vez listos los asuntos medulares de la Carta, comenzó la técnica jurídica y política a darle su aspecto formal. Además, el texto final se envió al Instituto Caro y Cuervo, donde cuidadosamente se estudió palabra por palabra, el contexto gramatical, y el conjunto de lo que sería la Constitución fue revisado para entregar un documento histórico, que debía ser escrito en el más correcto castellano.

Por aquel entonces, apenas se empezaba a generalizar el uso de los sistemas computarizados, y fue en un aparato de la época donde se hizo el trabajo de consolidación de la Carta. Una vez llegó el texto con las adecuaciones gramaticales, la Constitución reposó lista en ese gran computador para nacer a la vida jurídica y política del país.

Entonces, con la idea de proteger el documento nacional más importante de los últimos 105 años, el M-19, que había llevado para que nos apoyara con la sistematización del documento a un joven estudiante de sistemas, propuso encriptar el texto constitucional hasta que estuviera listo para su publicación.

De esta forma el muchacho hizo su procedimiento técnico para blindar el contenido y una vez encriptado el archivo, el trabajo fue tan bueno, que nadie, ni el joven técnico, pudo desencriptarlo nuevamente.

El pánico cundió al interior de la Asamblea, personalmente tuve el computador en mis rodillas mientras viajé con él de pasajero en una vieja moto de aquel desesperado muchacho. Íbamos de un lugar a otro buscando quién pudiera resolver el tremendo lio en que nos habíamos metido, pero todo fue en vano.

De Presidencia llevaron unos expertos en sistemas, pero no pudieron recuperar el texto, luego llegaron otros especialistas de Estados Unidos, pero corrieron con igual suerte.

Finamente, resignados, propusimos solicitar una prorroga de seis meses para reconstruir el texto constitucional, pero pronto abortamos la propuesta. Por último, cada constituyente tuvo que rescatar sus apuntes, utilizar su memoria y hacer un ejercicio de recuerdo colectivo donde abundaron los cuadernos, las agendas y hasta las servilletas llenas de artículos constitucionales.

De esta forma y con la premura del tiempo logramos entregar la nueva Constitución de Colombia, y la original creo que todavía está encriptada en aquel infortunado computador.

 

EL PAPEL QUE NO DESAPARECIÓ

Por Daniel Coronell

 

El abogado del coronel Plazas Vega o no conoce los documentos del proceso de su defendido contra la fiscal Buitrago, o está buscando aumentar la presión mediática en la campaña de desprestigio iniciada contra ella.

La familia y los amigos del coronel Plazas Vega me agradecieron cálidamente cuando en febrero de 2008 investigue y publiqué las inconsistencias en el testimonio del cabo Edgar Villamizar. Ahora han decidido odiarme porque sigo diciendo que ese testigo es inconsistente y porque demostré que no fue suplantado por la fiscal del caso.

 El abogado Jaime Granados mandó a decir por televisión que me demandó acusándome de haber usado un documento falso en la anterior columna.

 

Aquí está la historia de ese documento:

 

El miércoles primero de agosto de 2007, la fiscal Ángela María Buitrago adelantaba una diligencia de prospección en las instalaciones de la Escuela de Caballería. Esto quiere decir que buscaba en el terreno pistas sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia.

 Uno de los técnicos del CTI le informó que un esquivo testigo que días antes había ofrecido colaboración a los investigadores judiciales, quería finalmente declarar ese día y señalar donde habían sido supuestamente sepultados algunos desaparecidos.

 La fiscal Buitrago, previa consulta con el delegado de la Procuraduría, determinó recibir la declaración. La ley la obliga a atender en cualquier momento y lugar un testimonio que pueda resolver una desaparición.

 El hombre era Edgar Villamizar, ex suboficial del ejército y ex miembro del CTI, y fue conducido al lugar en un jeep de la fiscalía. Su entrada al cuartel no fue registrada como tampoco lo fue la de los fiscales, delegados de la procuraduría e investigadores judiciales.

 La fiscal Buitrago y el fiscal auxiliar José Darío Cediel no tenían, en ese momento, un computador para recibir la declaración. Por eso pidieron prestado un portátil a un oficial y recibieron el testimonio del ex militar dentro de una buseta del CTI estacionada en el interior de la Escuela de Caballería.

 El fiscal auxiliar cometió dos errores: Primero, escribió mal el nombre del testigo. En lugar de Villamizar escribió Villareal. En segundo lugar no puso al final de la declaración ese nombre.

 Por esa razón las primeras dos copias con esos errores fueron firmadas por el ex suboficial Villamizar, quien además escribió su nombre a mano. Esa caligrafía es idéntica a la del mismo hombre en su folio de vida del batallón de inteligencia Charry Solano. (Ver comparación de firmas)

La fiscal Buitrago se alcanzó a percatar del segundo error y le ordenó a su auxiliar volver a imprimir la declaración agregando el nombre del testigo al final, estableciendo que la diligencia continuaría y aclarando que uno de los investigadores acudió en calidad de fotógrafo.

 Decidió guardar esas copias porque temió que si las rompía en semejante lugar podían ser reconstruidas por alguien interesado en conocer la declaración.

 El abogado Jaime Granados, célebre por litigar en medios y columnas de regular factura, ahora afirma que el papel es falsificado y en apoyo de su argumento dice que es diferente a la copia que está en el expediente.

Lo que no dice Granados–porque desde luego no le conviene- es que una copia de ese papel fue aportada hace más de un año al proceso que inició el coronel Luis Alfonso Plazas Vega contra la fiscal Ángela María Buitrago.

 

Jaime Granados o no conoce los documentos del proceso de su defendido contra la fiscal; o está buscando aumentar la presión mediática dentro de la campaña de desprestigio iniciada contra la jurista.

 Para ayudarle al letrado -y de paso evitarle un proceso por falsa denuncia- le informo comedidamente que el papel hace parte del expediente 110016000102200900166 de la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte cuya titular es la doctora Norma Angélica Lozano Suáez.

 En 2008 sostuve que el testigo Villamizar, un curtido hombre de inteligencia, buscaba amparar a otros implicados descargando toda la culpa en el coronel Plazas Vega. Ahora sus jefes lo están usando para dinamitar el proceso completo y de paso para intimidar a quienes se han atrevido a investigar.

 

UNA CONSTITUCIÓN BAJO EL FUEGO

Por León Valencia

 

La derecha civilista y la centro izquierda han estado, en estos veinte años, a la defensiva, arredradas, furgón de cola de las extremas.

Voy a estar muy solo en este comentario. La Constitución del 91 no ha sido obedecida. Los dos propósitos fundamentales de la Constitución no se han cumplido. Ni hemos alcanzado la paz ni hemos podido realizar las transformaciones democráticas anunciadas por ella. El balance es muy negativo. La responsabilidad del fracaso es clara.

Para las guerrillas, la reforma fue poca. Para la extrema derecha, fue mucha. Empezaron a dispararle desde los dos lados a la nueva Carta y no ha habido un centro político civilista capaz de someter o de negociar con los extremos para aplicarla a cabalidad. En este aniversario he leído celebraciones exaltadas del texto constitucional, también críticas veladas o abiertas. Me aparto de unos y de otros.

La verdad es que la Constitución, a poco tiempo de haber sido sancionada, quedó huérfana. El sujeto político que lideró la Asamblea Nacional Constituyente -una alianza entre un sector modernizador del Partido Liberal, el M-19 y el Movimiento Nacional de Álvaro Gómez Hurtado- se disolvió. Murió Gómez Hurtado, el M-19 sufrió una gran derrota electoral y se dispersó, el sector liberal encabezado por César Gaviria quedó en minoría en el Partido. En contraste, las guerrillas, y la derecha vinculada a la ilegalidad y a la violencia, se crecieron y se dispusieron a controvertir por medio de las armas y la intimidación las disposiciones constitucionales que les disgustaban.

Las Farc y el ELN fueron invitados a participar en la Constituyente, pero rehusaron la invitación. No comprendieron el momento que atravesaba el mundo y la nueva realidad del país. El comunismo había caído. La democracia quedaba como el único escenario para luchar por el cambio. La lucha armada perdía todo el sentido. Al mismo tiempo, la sociedad colombiana se negaba a seguir en los estrechos marcos de la Constitución de 1886, y la reforma era inevitable. Era el instante propicio para dar el salto a la vida civil y sumarse a las fuerzas reformadoras.

Hicieron todo lo contrario. Se fueron a lo profundo de las montañas a construir un numeroso ejército guerrillero y emprendieron la tarea de golpear la elección popular de alcaldes y la descentralización, aspectos claves de las reformas democráticas en curso. Le han disparado en forma endemoniada a la institucionalidad local y, al mismo tiempo, han alentado el tráfico de drogas, que corroe como un cáncer las instituciones nacionales. En sus territorios florecen poco o nada las transformaciones contenidas en la Carta del 91.

En la otra orilla, las élites regionales, que vieron amenazados sus feudos políticos por la puesta en práctica de la circunscripción nacional del Senado, el estímulo al voto de opinión y la consagración del pluralismo, se aliaron con los paramilitares y tendieron un cerco perverso en municipios y regiones. Más avisadas y hábiles que las guerrillas, se aferraron al poder local, asaltaron las transferencias y las regalías que venían del proceso de descentralización y se montaron en la nueva institucionalidad con el propósito de impedir que avanzaran la democratización y la modernización.

A la par que se apropiaban indebidamente del poder local en muchos lugares del país, fortalecían su presencia en el Congreso y en el gobierno central. Desde allí no han ahorrado esfuerzos para echar al suelo elementos decisivos de la separación de poderes y de la protección de derechos, que son la sustancia de la Constitución del 91. Reelecciones, intentos de desmontar la tutela, tramas para acallar las Cortes y recortar sus funciones, han sido emblemas de esta derecha nostálgica de la Constitución de 1886.

La derecha civilista y la centro izquierda han estado, en estos veinte años, a la defensiva, arredradas, furgón de cola de las extremas. No han querido asociarse para retomar el momento virtuoso en el que fuerzas de origen ideológico diverso se dieron cita para redactar una Constitución que nos regaló la esperanza de la paz, la reconciliación y la democracia avanzada. ¿Será esto posible en una segunda versión del gobierno de Unidad Nacional donde salga de allí la extrema derecha y se consolide el centro?

 

 

CARACOL RADIO

 

MININTERIOR SE REUNIRÁ CON ALTAS CORTES PARA HABLAR SOBRE REFORMA A LA JUSTICIA

 

El ministro del interior, Germán Vargas Lleras, citó para una reunión a las 11 de la mañana a los presidentes de las altas cortes para finiquitar el texto de la reforma judicial que será presentada ante el Congreso el 20 de julio.

Se pretende revisar los artículos que aún generan división al interior de los altos tribunales como la reglamentación de la tutela y la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura para crear una gerencia de la rama judicial.

También se prevé que se tocarán otros temas como la reglamentación de la reforma política, que tuvo el visto bueno de la Corte Constitucional hace varios días, pero cuyo texto no ha sido conocido por el Gobierno.